El PP denuncia más beneficiados de un ERE del Merca en situación "irregular"

El PP vuelve a denunciar irregularidades en un ERE de Mercasevilla. La oposición en el Ayuntamiento carga de nuevo contra el expediente de 2007, de cuyo reconocimiento y financiación se ha desligado la Consejería de Empleo y que está sometido a investigación judicial. El PP asegura que hay dos beneficiados del ERE en situación irregular. En un caso de trata de un trabajador contratado en 2004, ya con 51 años, y con una relación laboral inferior en el tiempo a tres años. Y en el otro caso se trata de un trabajador incluido en el expediente a destiempo por medio de una autorización librada por el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, para añadir una nueva prejubilación cuando sobre el procedimiento había recaído ya la correspondiente resolución.

La documentación hecha pública por el PP refiere que el trabajador de Mercasevilla Francisco Reyes Bermúdez ingresó en el mercado central de abastos el 13 de julio de 2004, cuando contaba ya 51 años de edad cumplidos y toda vez que los expedientes de regulación de empleo promovidos en 2003 y 2007 en Mercasevilla tenían como destino la reestructuración de su plantilla al objeto de rejuvenecer sus recursos humanos. Según un documento de la Administración de la Seguridad Social, este trabajador fue dado de baja en la compañía por última vez el 8 de octubre de 2007, acogiéndose luego al citado expediente.

En el segundo de los casos, todo parte de un documento firmado el 17 de mayo de 2007 por el entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, quien actualmente figura como imputado a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. En este documento, en concreto, Rivas autorizaba a incluir en el ERE de 2007 a un trabajador identificado como José Antonio Rivera Martín cuando diez días atrás su departamento había cerrado ele xpediente.

Este trabajador, según el PP, figuraba en la bolsa de empleo de 2006, si bien su vida laboral no estaría incluida en la documentación recabada por el Juzgado de Instrucción número seis, que investiga este procedimiento en el marco de las diligencias incoadas por un posible delito societario perpetrado por la anterior directiva del mercado central de abastos. Este documento constituye una respuesta a una carta que le fue remitida el pasado 11 de mayo de 2007 por Fernando Mellet, por entonces director general del mercado central de abastos de Sevilla. Mellet, al igual que su director adjunto, Daniel Ponce, está imputado en las tres líneas de investigación promovidas por el Juzgado de Instrucción número seis en cuanto a posibles irregularidades en la venta de los suelos del mercado central de abastos, un presunto intento de cobro de comisiones ilegales y un supuesto delito societario, diligencias estas últimas en las que se incluye la investigación del ERE de 2007. La citada carta de Mellet advertía de un "error" en la relación de trabajadores acogidos al ERE de 2007, sobre el que cuatro días antes, el 7 de mayo de 2007, había recaído ya una resolución de la Consejería de Empleo autorizando la extinción de 63 empleos. Mellet alertaba en su escrito de que el citado trabajador había sido "omitido" y de que habría de ser "variado" a 64 el número de trabajadores adheridos al procedimiento, cuyo coste se elevó finalmente a 9.046.976,95 euros y de cuya financiación se desliga la Junta.

Merced a la "conformidad" del comité de empresa, Rivas resolvía autorizar a la sociedad mixta a "hacer extensiva" la resolución del 7 de mayo de 2007 a este trabajador, al objeto de que se acogiese al citado expediente de regulación de empleo. Los nombres de ambos prejubilados figuran en el documento que, el 16 de noviembre de 2007, formalizaba la división aseguradora del Banco Vitalicio para la cobertura de las prestaciones de 18 ex trabajadores de Mercasevilla, todo ello bajo la "conformidad" mostrada por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero.

El comité de empresa reaccionó ayer a la denuncia del PP asegurando que ambas prejubilaciones son reglamentarias y descartando cualquier ilegalidad. El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), precisó a Europa Press que ya en 2004 los líderes sindicales "criticamos" la contratación de un trabajador de 51 años, pues el ERE previo trataba de rejuvenecer a la plantilla, pero "entonces no se pensaba en otro ERE", descartando así cualquier "ilegalidad" en esta prejubilación. En cuanto al documento firmado por Rivas, que autorizaba la incorporación de un trabajador al ERE cuando su resolución había sido resuelta días atrás, Domínguez precisó que tanto la compañía como el comité de empresa propusieron una extensión de la resolución del ERE, pues dicho documento contenía un "error administrativo" al haber excluido a José Antonio Rivera.