Lopera recurre el sueldo de Gordillo
La defensa del ex dirigente pide que se anulen los honorarios de los tres administradores porque se dedicaron a "promocionarse"
La defensa de Manuel Ruiz de Lopera, ex máximo accionista del Betis, solicitó a la Audiencia de Sevilla que anule los honorarios de 12.000 euros al mes fijados para los tres administradores judiciales, ya que entiende que en sus primeros meses sólo se dedicaron a "actividades lúdicas" y a su "promoción personal".
Los abogados de Ruiz de Lopera sostienen que los administradores judiciales de su paquete mayoritario de acciones en el Betis se dedicaron desde su nombramiento en agosto a "su promoción social mediante numerosísimas comparecencias ante los medios de comunicación" hasta convertirse en "personajes de actualidad". En su recurso ante la Audiencia, la defensa de Lopera alega que las personas designadas por la juez Mercedes Alaya -Rafael Gordillo, ahora presidente de la entidad heliopolitana, el economista Carlos Ruiz de Huidobro y el abogado José Antonio Bosch, que sustituyó en noviembre al fallecido Juan Manuel Gómez Porrúa- "no han desempeñado actividad profesional alguna" porque en tal categoría no se pueden incluir "las comidas, las comparecencias ante medios de comunicación o las reuniones con asociaciones con intereses completamente contrarios a los encomendados".
Cabe recordar en este sentido que la juez de instrucción 6 de Sevilla fijó un sueldo mensual máximo de 12.000 euros, en función de las horas dedicadas, para cada uno de los tres administradores. Ahora, la defensa de Lopera cuestiona los criterios de fijación de esas "cuantiosas retribuciones" que son "muy superiores al doble de la retribución media de jueces, magistrados, inspectores de Hacienda y funcionarios de alto nivel del Estado".
Por ello, pide a la Audiencia de Sevilla que las anule por su cuantía y porque fueron fijadas "sin sujetarse a las más elementales normas y principios de la contratación pública como el concurso y los principios de transparencia y capacitación". Además, adelanta que esos emolumentos posiblemente deban ser abonados por el Erario Público y no por Lopera, investigado por presuntos delitos societarios en la gestión del Betis, ya que los administradores judiciales están llevando a cabo una gestión "completamente contraria a la defensa de los intereses de los titulares del paquete de acciones".
En este sentido, el abogado José María Calero se pregunta "cómo es posible" que se pueda disponer de "cuantías relevantes" como son "36.000 euros al mes, es decir 432.000 euros al año, sin sujeción a ninguna regla o criterio legal, en base y con fundamento en la exclusiva voluntad de la titular del juzgado de instrucción 6". El recurso recuerda, además, que ningún miembro del consejo del Real Betis cobró durante los 18 años en los que Lopera se mantuvo al frente de la dirección del club y ahora lamenta que los administradores hayan incluido entre las actividades de su tarea la celebración de comidas en restaurantes, reuniones de trabajo con los distintos grupos de oposición a la gestión de su defendido, asociaciones acusadoras, reuniones con peñas y la asistencia a tertulias radiofónicas.
Los abogados de Lopera, que también tienen recurrido ante la Audiencia el nombramiento de los administradores, citan en su nuevo recurso las declaraciones de Gordillo del pasado domingo 26 de diciembre, cuando aseguró: "Vamos a intentar que el Betis sea de los béticos por todos los medios", lo que a su juicio muestra que el ex futbolista "defiende públicamente intereses contrarios a los confiados" por la juez.
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