El resultado de explotación del ejercicio 2007-2008 en el Real Betis Balompié SAD no puede ser más negativo y, por ello, existe honda preocupación en Manuel Ruiz de Lopera y en su entorno más próximo. Éstos llevan semanas encerrados tratando de buscar explicaciones mínimamente coherentes a una gestión económica muy deficiente y, lógicamente, encuentran poco amparo en las matemáticas.

Si el abogado y secretario del consejo de administración, Jaime Rodríguez Sacristán, trabaja sin desmayo preparando la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del día 1 de diciembre, en el círculo más próximo a Lopera se ha llegado a dudar incluso de la presencia de éste en la asamblea. Mientras unos aseguran que no se atreverá a dar la cara, otros no dudan de que estará en primera fila controlando la reunión anual de accionistas.

Ésta es la principal preocupación de los grupos opositores, cuyos representantes se preparan para poder expresarse con normalidad tras el bochorno vivido en las últimas asambleas, en las que se precisaron notarios y hasta policías por las coacciones y amenazas que dijeron en su día haber recibido.

Sea como fuere, los argumentos estarán de parte de las plataformas que desde hace unos años vigilan con celo las actuaciones de Lopera, que ha llevado al Betis a presentar unas pérdidas en este ejercicio de 15.412.719 euros. En este resultado de explotación se incluyen los ingresos y gastos corrientes de la sociedad, que es la verdadera medida de la gestión del negocio. Las pérdidas antes de impuestos son de 17.416.390 euros. Y el resultado final del ejercicio arroja unas pérdidas de 11.718.817 euros, menores a las pérdidas antes de impuestos por el efecto positivo del impuesto de sociedades, ya que al tener pérdidas Hacienda devolverá las entregas a cuenta que hizo el Betis durante el ejercicio.

La deuda total a 30 de junio de 2008 asciende a 66.585.642 euros, de los cuales 61.339.660 son a corto plazo, mientras que la deuda reconocida con Hacienda se sitúa en torno a unos 28.757.000 euros. Igualmente, existe un fondo de maniobra negativo de 21.957.000 euros, es decir, que a corto plazo se prevé pagar 21.957.000 euros más de lo que hay previsto cobrar, hecho destacado en el informe de los auditores.

Del mismo modo, existen otras cifras no reconocidas en las cuentas y que los auditores contratados por el Betis anualmente para la auditoria obligatoria ponen de manifiesto en su informe, que este año ha realizado la auditoría Garrido en lugar de la habitual, Rubio, Membrive y Gisbert. Así, se destaca una deuda con Hacienda de 17.722.000 euros que el club no reconoce al haber recurrido las actas levantadas por la inspección de Hacienda, pese a que el principio de prudencia valorativa exige reconocer una provisión por este concepto, como indican los auditores en su informe.

El Betis aún tiene contabilizada como pendiente de cobro una deuda del Oviedo por 1.918.000 euros. Dado que el Oviedo se encuentra en suspensión de pagos, los auditores recomiendan que se considere esta deuda como no cobrable y, por tanto, se reconozca una pérdida por el total de la cantidad.

Así, de haber seguido las indicaciones de los auditores, existirían unos 19.640.000 euros más de pérdidas del ejercicio, elevándose a 30 millones de euros. Esto haría que los fondos propios del club volviesen a ser prácticamente iguales al capital social aportado en 1992, lo que sitúa al club a un paso de la situación de 2006, en la que se vio obligado a las ventas de Joaquín y Oliveira para evitar la que era una situación de quiebra técnica.