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Sevilla/La Fiscalía Provincial de Sevilla ha solicitado a la jueza Reyes Flores Canales, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional en la querella que interpuso Inversión Corporativa, el vehículo inversor por el que las familias fundadoras de Abengoa controlaban la compañía, contra Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz y su consejo administración.
A esta querella se adhirieron más de un centenar de accionistas minoritarios y también se le han sumado denuncias presentadas en distintas fiscalía de España por parte de partícipes de Abengoa.
Es precisamente que los afectados por los supuestos delitos que les imputan a Urquijo, Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps –y desde hace unas semanas también al presidente actual de la compañía, Juan Pablo López-Bravo Velasco– procedan de toda España por lo que la Fiscalía hispalense considere que la Audiencia Nacional es la competente para instruir este caso, en los que el Ministerio Público aprecia indicios de de un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario, y un eventual delito de estafa.
La Fiscalía hace esta petición pese a que la querella fue inicialmente presentada por Inversión Corporativa, que preside Felipe Benjumea, hace un año ante la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el juez José Luis Calama Teixeira, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, se declaró incompetente, aunque no sin señalar que apreciaba, como los fiscales, indicios de delito en los hechos denunciados por la acción penal, tal y como avanzó este periódico.
Esa decisión motivó la presentación a final de 2020 ante los juzgados de Sevilla, tal como sugirió el juez Calama Teixeira.
La querella que desde entonces instruye la juez Flores en Sevilla se refería inicialmente a la segunda reestructuración de Abengoa, ejecutada en 2019, pero con las denuncias hechas suyas por el fiscal que se han sumado a la causa, la investigación se amplía hasta la primera reestructuración, ejecutada en 2017, tras levantarse en 2016 el preconcurso de Abengoa solicitado en 2015.
El caso es sumamente complejo y requiere de unos medios que no son habituales en un juzgado de Instrucción de Sevilla. La jueza ya ha escuchado a peritos de la acusación y ha recepcionado un peritaje de los acusados (referidos ambos sólo a la segunda reestructuración) en los que cada parte defiende sus posturas de conculcación y respeto a la legalidad, respectivamente.
Abengoa comenzó a pagar ayer la parte de las nóminas de junio que tenía sin abonar desde inicios de este mes. En el momento del devengo de este salario, pese a que las previsiones eran que habría caja, Abengoa decidió pagar únicamente un abono lineal de 1.250 euros por trabajador. La orden de pagar completamente la nómina de junio se hace con la liquidez obtenida por las distintas verticales del negocio, aunque priorizando este pago sobre otros, como los proveedores, algo que puede repercutir en el cumplimiento de las obligaciones de las filiales del grupo en las obras que tiene contratadas, con lo que la decisión agravará la situación que vive la compañía.
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