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Caso Abengoa

El Supremo decidirá quién instruye la querella contra Urquijo y su consejo en Abengoa

Gonzalo Urquijo, cuando era presidente de Abengoa.

Gonzalo Urquijo, cuando era presidente de Abengoa. / M. G.

El Tribunal Supremo tendrá que decidir qué órgano jurisdiccional es el competente para instruir las diligencias previas 1937/2020 abiertas como consecuencia de la querella presentada por accionistas de Abengoa SA contra el consejo de administración de la cotizada sevillana que presidió Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integraron Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps entre noviembre de 2016 y el mismo mes de 2020.

La magistrada Reyes Flores Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Sevilla, ha dictado una providencia en la que acuerda plantear ante el Tribunal Supremo una cuestión de competencia negativa, ante el rechazo de la Audiencia Nacional a hacerse cargo de la instrucción.

Esta decisión cuenta con el respaldo de la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla, que ya había solicitado que el caso sea competencia de la Audiencia Nacional.

En diciembre de 2021, la magistrada dictó un auto por que acordó inhibirse en favor del Juzgado Central de Instrucción Decano de la Audiencia Nacional.

Meses después, este órgano jurisdiccional rechazó la competencia con los mismos argumentos con los que ya había rehusado admitir la querella aun apreciando indicios de delito.

Y es que los primeros querellantes, la sociedad Inversión Corporativa (IC), la empresa que las familias fundadoras de Abengoa SA usaron hasta 2015 para gobernar la compañía, presentó ya junio de 2020 este caso en Madrid.

La Audiencia no tuvo en cuenta al rechazarlo por segunda vez que a la causa se han adherido un centenar de accionistas de varias provincias españolas ni que los supuestos delitos que se investigan superarían en mucho la cuantía mínima para que investigue el Juzgado Central. 

La juez Flores Canales y la Fiscalía de Sevilla siguen defendiendo que la instrucción debe tener alcance nacional y por ello la magistrada plantea ahora la cuestión competencia negativa para que sea el Supremo el que tome la decisión definitiva.

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