Abengoa estira su agonía una vez más. Después de que la Junta de Andalucía dejara claro este martes que no cuenta con instrumentos para prestar o avalar 20 millones de euros para participar en la reestructuración financiera que evitaría la quiebra, la compañía sevillana fundada en 1941 por los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares, se resistió este miércoles a tirar la toalla y anunciar que la operación decae.

Para evitarlo, la empresa multinacional andaluza comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha obtenido los consentimientos necesarios, para extender ese plazo, que vencía este mediodía, hasta el 15 de octubre.

Las presiones al Gobierno andaluz de la última semana para que confirmara por escrito su participación en el rescate han quedado en meras amenazas, y la compañía que preside Gonzalo Urquijo, opta por ganar más tiempo para que la operación de refinanciación se lleve a efecto.

Con esta extensión del plazo durante dos semanas, Abengoa logra tiempo, pero no explica a los mercados para qué exactamente. En ese tiempo extra, la compañía puede seguir con su estrategia de presión a la Junta andaluza, que siempre ha expresado dudas jurídicas sobre la viabilidad de recuperar el dinero que se prestaría o avalaría y sobre el procedimiento a emplear para dar una ayuda tan cuantiosa.

Alternativamente, en el tiempo que se ha dado, podría implementar una solución para que el contrato de reestructuración logre los 250 millones de nueva línea de liquidez, con aportaciones de otro origen distinto al del ejecutivo autonómico de Andalucía.

El pasado 6 de agosto, la compañía anunció la firma de un contrato de reestructuración financiera con las que su filial Abenewco 1, de la que dependen todos los negocios del grupo, obtendría una línea de nueva liquidez de 250 millones, consitente en un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros más otros 20 millones que debía aportar la Junta y cuya articulación jurídica estaba por decidir.

El Gobierno andaluz anunció este martes que ha desistido de participar en el rescate al no contar con instrumentos suficientes para asegurar jurídicamente una participación que garantice la legalidad de la actuación y la recuperación de los fondos públicos.