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Economía

El fin de Abengoa llega a la Bolsa: los accionistas lo pierden todo

Planta termosolar construida por Abengoa en Sevilla.

Planta termosolar construida por Abengoa en Sevilla.

Desde finales de julio Abengoa es historia. Desde este jueves se confirma como pasado de la Bolsa española. La compañía andaluza que llegó a formar parte del Íbex 35 ha sido excluida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la negociación bursátil. Es la confirmación fáctica de que los accionistas lo han perdido todo definitivamente. 

En una información privilegiada, el regulador bursátil español ha anunciado este jueves que ha acordado “excluir de negociación, de conformidad con el artículo 21.2 del Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores, las acciones de Abengoa, S.A. (en liquidación) de las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y del Sistema de Interconexión Bursátil al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, fijándose como último día de negociación el 26 de septiembre de 2022.”

La decisión de la CNMV no es más que un trámite que se cumplimenta en el proceso de liquidación de la sociedad, que está disuelta desde que es firme el auto de 1 de julio del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, cuando el 29 de julio pasado resolvió el recurso de reposición presentado por el consejo de administración de la sociedad desestimándolo.

El magistrado Francisco Javier Carrretero Espinosa de los Monteros, juez sustituto que en ese momento tenía bajo su responsabilidad el concurso de Abengoa, desestimó el recurso tanto por considerar que la propuesta de convenio esgrimida por el consejo de la sociedad en liquidación no se presentó dentro del plazo establecido y que terminaba el 1 de julio, como porque considera que esa propuesta no cumple los requisitos que exige el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC). 

La resolución judicial fue un misil contra el último intento de Clemente Fernández, el último presidente de Abengoa, de parar la liquidación. El juez rechazó el recurso porque no había desvirtuado las razones que le llevaron a rechazar una prórroga en el plazo para la presentación del convenio de acreedores. En primer lugar, el magistrado entendió que el enfoque del recurso era erróneo” porque era obligada abrir la fase de liquidación si no se concedía la ampliación del plazo.

En segundo lugar, rechazó que se apelase al principio del “favor conveni” el interés del concurso y de los acreedores. El auto señala que ese principio sin duda “constituye un desideratum de nuestro TRLC, pero no puede ser el “balsamo de fierabrás” bajo el que se acoja cualquier solicitud o sirva de fundamentación a las peticiones huérfanas de ella”.

Y en tercer lugar, reiteró que los hechos que llevaron a pedir la prórroga del 24 de junio “sin que se aprecie eficacia alguna a efectos de desvirtuar la argumentación del auto de fecha 1 de junio de 2022”, en referencia a que se pidió más tiempo por la negativa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a conceder la ayuda pública que había solicitado el grupo Abengoa.

La materialización de la desaparición de la Bolsa de Abengoa sólo deja abierta a los accionistas la vía judicial. Actualmente, existen tres causas abiertas contra la gestión de distintos consejos de administración de la histórica empresa sevillana, que fue fundada el 4 de enero de 1941 por los ingenieros del Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

En 81 años largos,  Abengoa SL –después transformada en sociedad anónima– pasó de ser una pequeña empresa con un capital social de 180.000 pesetas (1.082 euros) a en la mayor multinacional andaluza y en una de las grandes empresas del Íbex 35, el principal selectivo de la Bolsa española.

Las acciones que ahora excluye definitivamente de negociación ya llevaban más de dos años en un limbo. Desde el 14 de julio de 2020, tanto los títulos de la clase A –con más derechos políticos– como las de la clase B, estaban suspendidas en la negociación también por orden de la CNMV. Su capitalización desde entonces se mantenía inalterada, con un valor de 132,83 millones de euros.

Todos los accionistas, empezando por el Estado que era el que tenía la participación mayor, con el 3,15% del capital social, pierden no sólo ese valor, sino el total del dinero invertido, que es muy superior, por el desplome del valor que sus títulos tuvieron en los últimos años.

Una de las causas abiertas se instruye en la Audiencia Nacional contra los gestores de Abengoa hasta 2015, bajo la presidencia de Felipe Benjumea Llorente, por supuesta comisión de delitos de falsedad contable y estafa a inversores. Esa causa, impulsada por la denominada  Asociación de Perjudicados por Abengoa, quien también lidera otra causa contra esa etapa de la gestión de la multinaciona, que se instruye en Sevilla por supuesto falsemiento de cuentas en relación con el proyecto de construcción del AVE a La Meca.

Paralelamente, y también en Sevilla, otro juzgado instruye unas diliegancias previas penales contra el consejo de administración que presidió Gonzalo Urquiojo Fernández de Araoz, por la gestión desde 2016 a 2020, en la que se realizaron dos reestructuraciones financieras que nunca refinanciaron realmente a la compañía.

Esa querella, impulsada por Inversión Corporativa (IC), la empresa que las familias fundadoras de Abengoa SA usaron hasta 2015 para gobernar la compañía y que preside Felipe Benjumea Llorente, acusa de la supuesta comisión de un delito relativo al mercado por alteración y ocultación de información económica-financiera por parte de los administradores de una sociedad mercantil cotizada, un delito societario de negativa de información a un socio y de un delito societario de imposición de acuerdos lesivos para la sociedad y los socios minoritarios.

A esta querella se han adherido otros 100 accionistas individuales que denunciaron los hechos acaecidos desde 2016 ante la Fiscalía de Delitos Económicos, que consideró que existían indicios racionales de "un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario, y un eventual delito de estafa”.

Desde la liquidación de la compañía, otro grupo de accionsitas ha anunciado que prepara otra querella. Y otros tres accionistas individuales han denunciado ante la Fiscalía la venta de la acciones por parte de la banca inmediatamente después de la reestructuración ejecutada en 2017.

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