La negociación entre la dirección de Abengoa y la sindicatura Abengoashares saltó anoche por los aires, ante la amenaza del consejo de administración de repetir lo que sus antecesores –cuando la empresa la presidía Gonzalo Urquijo– hicieron en noviembre de 2020: provocar una acefalia en la compañía, pero dejando convocada una junta general extraordinaria para dentro de un mes con tres nuevos consejeros como candidatos.

Toda la negociación giró en torno a que los accionistas renuncien al derecho que les confiere el artículo 223 de la Ley de Sociedades de Capital a separar a los administradores en una junta general aun cuanto ese cese no conste en el orden del día, y proceder a elegir en esa misma junta un nuevo consejo. Abengoa celebra hoy junta general ordinaria.

La dirección actual insiste en que se nombre por cooptación a dos candidatos de la sindicatura, algo a lo que Clemente Fernández González, líder de los minoritarios se niega, porque argumenta que los accionistas tienen derecho a elegir ellos a los administradores cuando hay una junta en curso –ayer no se celebró en primera convocatoria por muy poco, dado que compareció el 24,89% del capital y se exigía el 25%– que debe celebrarse este mediodía en la sede de la compañía.

La contraoferta de Abengoashares fue nombrar en la junta a dos de sus consejeros y a Cristina Vidal Otero, que cesaría si no es ratificada en junta. Además, y previamente, el candidato José Joaquín Martínez Sieso, ex presidente de Cantabria, debía ser nombrado consejero en Abenewco 1 y presidente de esta filial operativa. Abengoashares dejó claro que para llegar a un acuerdo, el presidente de ambas sociedades, Juan Pablo López-Bravo debía quedar destituido, dado que en diciembre traicionó a los accionistas que le eligieron y en febrero solicitó concurso de acreedores para conseguir suspender la junta en la que habría sido destituido el 4 de marzo, lo que en su opinión ha deteriorado más la situación de Abengoa.

Estas condiciones no fueron aceptadas por el consejo actual, pese a que los abogados de Abengoashares contaban con la no oposición del administrador concursal, EY Abogados, que ha estado mediando.

La respuesta fue amenazar con la convocatoria en las próximas horas de una junta general extraordinaria para nombrar otros tres consejeros distintos y, seguidamente, que los consejeros Vidal y López-Bravo dimitirían provocando la acefalia de la compañía. El objetivo sería tratar de evitar que la junta nombre hoy nuevos consejeros bajo el argumento de que ya hay otra junta convocada y que la acefalia sería transitoria.

Abengoashares considera este movimiento un nuevo fraude de ley porque la junta de hoy ya está convocada e iniciado el trámite de su celebración, aunque no constituida por falta de un 0,11% del capital en el quórum. Y dejó claro que mantendrá su plan de destituir a los administradores actuales y elegir a sus candidatos, con la advertencia de que “si alguien transgrede la ley impidiéndolo, tendrá que asumir la responsabilidad que ello suponga”, dijeron a este diario fuentes de la sindicatura.

Los accionistas que ostentan la mayoría ya han delegado el voto expresando su rechazo a las cuentas de 2019 –los representantes deben mantener ese sentido del sufragio– por lo que una acefalia volvería a complicar más el rescate de la compañía. La SEPI exige que las cuentas de 2019 y 2020 estén aprobadas para prestar los 249 millones a la filial operativa que se le han solicitado con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Al cierre de esta edición, la negociación seguía rota y pendiente de qué pasos da cada parte.