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Economía

Air Comet pierde la licencia de vuelo y deja en tierra a 7.000 pasajeros

  • La compañía presenta hoy un ERE para sus casi 700 trabajadores y se declarará en concurso de acreedores en un mes · Fomento busca alternativas para los clientes afectados e Iberia se ofrece a transportar al 90%

Malas noticias para pasajeros y plantilla de Air Comet. Fomento decidió ayer retirar la licencia de vuelo a la compañía debido a su "situación de insolvencia". La secretaria de Estado de Transportes, Concha Gutiérrez, anunció que la dirección de la compañía, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, no ha presentado el plan de viabilidad que el Gobierno le había exigido para antes del mediodía. La aerolínea anunció el lunes su cierre por no poder afrontar las deudas acumuladas y ha presentado un ERE aplicable a todos sus empleados, unos 700. Asimismo, anunció que presentará concurso voluntario de acreedores en un mes y por una deuda cercana a los 100 millones de euros.

El ministro de Fomento, José Blanco, se comprometió a garantizar de forma subsidiaria el derecho a volar de todos los clientes afectados por el cierre de la compañía, unas 7.000 personas. "Estamos en una situación límite, es la hora de tomar decisiones y nosotros las vamos a tomar para garantizar el derecho de los pasajeros", indicó.

De hecho, representantes del Ministerio se reunieron con distintas aerolíneas para buscar transportes alternativos. Iberia se ofreció a transportar al 90% de los clientes, 6.500 personas. La compañía fletará cuatro vuelos especiales para transportar a 3.500 pasajeros entre Europa y Buenos Aires, Lima, Bogotá, Quito y Guayaquil. Y, además, podrá acomodar a cerca de 3.000 pasajeros en sus vuelos regulares diarios entre España y Latinoamérica, así como a tripulaciones de Air Comet que hayan quedado varadas en América Latina.

Eso sí, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) quiso dejar claro que se compromete a trasladar sólo a los pasajeros de Air Comet que deban regresar a sus destinos entre España y los países latinoamericanos por haber efectuado ya un desplazamiento, y a los que acrediten tener una "urgente necesidad", según informó Fomento. El resto de pasajeros deberá dirigir sus reclamaciones a Air Comet, exigiéndole los derechos reconocidos en los reglamentos comunitarios y derivados de sus contratos.

En medio de este escenario, ayer se produjeron los primeros altercados protagonizados por los clientes de Air Comet atrapados en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Unos 200 con billetes para volar a Lima cortaron por la mañana una de las vías de llegada al aeropuerto. Al grito de "queremos volar", lamentaron que nadie les haya dado ninguna explicación sobre el cierre.

El director general de Air Comet, Eduardo Aranda, comunicó el lunes al comité de empresa el cierre de la compañía, debido a que un juez británico inmovilizó sus aviones. La Corte Suprema de Londres emitió una sentencia el pasado viernes que obligaba a la empresa a abonar el día 21, como muy tarde, 25 millones de dólares que se adeudaban al banco alemán Nord Bank, financiador de su flota.

Desde el punto de vista laboral, Air Comet llevará hoy ante las autoridades laborales de la Comunidad de Madrid el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para toda su plantilla, aunque esperará un mes y un día, hasta el 24 de enero, para presentar ante un juez el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). La intención de la empresa es la de extinguir "cuanto antes" las relaciones laborales para no acumular más deuda de la que ya tiene por salarios y cotizaciones a la Seguridad Social.

Al presentar hoy el ERE, la Consejería de Empleo de Madrid abre un plazo de un mes para discutir sus términos con la empresa y los sindicatos, de forma que el próximo 23 de enero tiene que haber resuelto si acepta el expediente o no, y en caso afirmativo determinar si acuerda la extinción.

Si esto sucede, los empleados podrían empezar a cobrar el subsidio de paro desde el 24 de enero, el mismo día en el que Air Comet presentaría el concurso voluntario de acreedores en un juzgado de lo mercantil, en el que podría argumentar que no dispone de fondos para pagar a la plantilla el montante que decida la autoridad laboral.

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