Asaja-Sevilla llevará a los tribunales la arquitectura, diseñada por el Gobierno central, de la nueva Política Agraria Común (PAC), que entró en vigor el pasado 1 de enero.

En concreto la Asamblea General de la organización agraria ha ratificado este jueves, a propuesta de su presidente, Ricardo Serra, la interposición de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra los Reales Decretos del Plan Estratégico de la nueva PAC, que "penalizan de manera caprichosa y arbitraria a los agricultores de la provincia de Sevilla y generan un agravio comparativo de consecuencias irreversibles", asegura la organización en un comunicado.

Según la asociación, este nuevo sistema "castiga con especial dureza" a los agricultores y ganaderos andaluces, que, asegura, perderán unos 500 millones de euros en el periodo de aplicación 2023-2027. Según sus cálculos, la PAC provocará que 750.000 hectáreas de secano pierdan el 30% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar sufran una merma de más del 25% y todo el regadío andaluz vea reducidas las subvenciones entre un 30 y un 40%.

La provincia de Sevilla, afirma la organización agraria, será la más perjudicada, con un recorte de 242 millones de euros, casi la mitad del perjuicio andaluz. 

Según Asaja-Sevilla, el plan del Gobierno, que reduce de 50 a 20 los niveles de ayuda por regiones agronómicas, "no tiene en cuenta condiciones agronómicas homogéneas o similares, con lo que provoca una diferenciación artificial y arbitraria de zonas agrarias que acaba discriminando las zonas productivas en base a criterios subjetivos". Eso quiere decir que un productor de la Vega del Guadalquivir, con altos rendimientos productivos y por tanto también altos costes, puede recibir la misma ayuda que otro productor de otra zona de España menos pujante, al estar incluidas en el mismo estrato.

No este el único argumento de Asaja-Sevilla. La nueva arquitectura medioambiental de la PAC, apoyada fundamentalmente en los eco-regímenes, es "igualmente artificial y arbitraria, puesto que en algunos sectores, como en el de los pastos o el secano, establece unas diferencias entre lo que se califica como pastos húmedos y pastos mediterráneos, y entre secanos húmedos y secanos, y lo hace basándose únicamente en los índices pluviométricos de un periodo concreto, sin tener en cuenta criterios edafológicos, ambientales u otros índices; mientras que en otros sectores, como el regadío, no establece distintos eco-regímenes de riego por zonas homogéneas, sino un único eco-régimen para toda la diversidad existente en España".

La nueva regulación, además, "penaliza a las explotaciones que generan más empleo, impidiendo que se puedan acoger a la compensación de gastos laborales establecida por la normativa europea para no limitar la percepción de ayudas y a la que sí pueden acogerse los agricultores con explotaciones similares en el resto de países de la Unión Europea".

Asaja Sevilla también alude al "daño y las pérdidas" que provoca la nueva PAC con los criterios de ponderación fijados en el pago redistributivo, que "incomprensiblemente se articulan para perjudicar a los agricultores y ganaderos que tienen más de un sistema de cultivo (ejemplo: algo de secano, algo de riego y algún cultivo permanente), lo que es muy común".