El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley con medidas destinadas al sector agrario para que pueda hacer frente a la sequía. La norma se promulga a pocos días de que tenga lugar, el próximo domingo, una gran marcha del mundo rural en Madrid a la que se prevé que asistan unas 200.000 personas.

Las medidas, que implican a seis ministerios, abarcan el ámbito fiscal, laboral, financiero e hidrológico y en conjunto, según calcula el Ejecutivo, suponen un impacto de 450 millones de euros.

El impacto de las medidas se estima en 450 millones de euros

Medidas fiscales y económicas

El Gobierno ha aprobado una reducción del 20%del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos). Se estima que esta medida beneficiará a 918.000agricultores y ganaderos en toda España, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.

También se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos, que el Gobierno no especifica.

En lo que se refiere a las medidas de liquidez, se pondrá adisposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras. El Ejecutivo habilita para ello un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizarmás de 100 millones de euros en el sector.

En relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá poner a  disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las quesubvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

También se incrementará la dotación de los seguros agrarios "en la cantidad que sea adecuada para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación".

Medidas laborales

Las empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y los autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), pondrán aplazar las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual. En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.

Los eventuales y los fijos discontinuos serán equiparados a los efectos de cobrar el subsidio agrario

Asimismo, se autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas de 35 a 20 para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y Extremadura. Además, se equipara la contratación como fijo discontinuo y la eventual, a los efectos de acceso a estos beneficios.

Agua desalada

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) establece unas tarifas "asumibles" por los usuarios del regadío para el agua desalada en las Instalaciones Desaladoras de Agua de Mar (IDAM) y en las conducciones que deben salvar mediante elevaciones una gran diferencia de cota entre el origen del recurso y la demanda de destino.

Se actúa, también, sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado de hasta 0,450 €/m3, en toma de riego y sobre el coste del agua en la conducción Júcar-Vinalopó, fijándose unosprecios por m3 de 0,295 € en toma de postrasvase. 

Actuaciones urgentes en el Guadalquivir

Además, se adoptan medidas urgentes para reducir los efectos producidos por la sequía en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadiana, que serán deaplicación a determinadas unidades territoriales de escasez (UTES). Entre estas medidas destaca la reducción de entre el 50% y el 100% de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua o la puesta en marcha deobras de emergencia en la demarcación del Guadalquivir con una inversión estimada de 9,65 millones de euros.