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Crisis del coronavirus en Andalucía La CEA acusa al Gobierno de criminalizar al empresario y lastrar la recuperación en un durísimo comunicado

Javier González de Lara, presidente de la CEA Javier González de Lara, presidente de la CEA

Javier González de Lara, presidente de la CEA

La patronal de los empresarios andaluces, que hasta ahora había aceptado sin grandes críticas las medidas adoptadas por el Gobierno, ha emitido un durísimo comunicado en el que acusa al Gobierno de criminalizar al empresario y lastrar la recuperación económica tras conocerse que prohíbe el despido por causas objetivas (20 días por año trabajado), suspende los contratos temporales (es decir, que reanudan su relación laboral tras la alarma en el punto justamente anterior a esta) y limita los ERTE a la duración del Estado de Alarma.

"Los empresarios andaluces, conocidas las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en el ámbito laboral, solo pueden calificarlas como decepcionantes e inorportunas", comienza el comunicado, que a continuación augura un futuro poco halagüeño: "Estas medidas impedirán sentar las bases de la necesaria recuperación económica de España, provocarán más desempleo y, lo que es peor, parecen ser adoptadas a espaldas de la realidad que viven los empresarios y autónomos en España por culpa de la pandemia".

"Se trata de unas medidas absolutamente desleales con el mundo empresarial que desde un primer momento se ha puesto a disposición del conjunto de la sociedad, con innumerables muestras de solidaridad y compromiso, a pesar de que muchos sectores prácticamente tienen prohibido el ejercicio de su actividad y, aquellos otros que pueden ejercerla están en mínimos de facturación", afirma la CEA.

Tras este ataque directo, explica que la patronal sí está de acuerdo con las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada, medidas adoptadas masivamente en las últimas dos semanas. "Las empresas que en el ámbito laboral se han visto obligadas a tomar medidas, han optado por la suspensión del contrato de trabajo o la reducción de jornada. No se trata de despidos, sino de medidas cuyo impulso se acordó trasladar de forma conjunta por las centrales sindicales mayoritarias, CEOE y Cepyme al inicio de esta crisis y que en parte se incorporó a la normativa elaborada por el Gobierno de España, en concreto el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19".

La CEA acusa al Ejecutivo de haber cambiado radicalmente este criterio respecto al decreto ley económico que acompañaba al Estado de Alarma. "El Gobierno plantea ahora que las medidas aprobadas son temporales, cuando lo que estamos viviendo en este momento no es ya una situación coyuntural, sino que tendrá consecuencias seguramente irreparables para la actividad empresarial", afirma, respecto a la limitación temporal que tendrán los ERTE: sólamente hasta que sea decretado el fin del estado de alarma.

"Dos de esas medidas, la prohibición del despido (se refiere al despido objetivo, por causas económicas, organizativas o de producción) y la suspensión de los contratos temporales son decepcionantes y hasta cierto punto, perjudiciales para la economía. No tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando, en muchos casos no habrá ya actividad y, por lo tanto, no habrá empleo que salvaguardar", critica la CEA.

La patronal insiste en lo dañino del decreto del Gobierno: "El planteamiento no solo no es realista, es un ataque directo a la figura del empresario, a quien poco menos que se le acusa de querer utilizar un contexto sobrevenido, una crisis sanitaria que está provocando el fallecimiento de miles de personas en España, para despedir a trabajadores"

"Es una amenaza más que un aviso, para que la empresa no extinga un contrato temporal cuando la naturaleza de esta relación contractual marca claramente un principio y un fin, con independencia de las circunstancias sobrevenidas. Según se desprende de lo expresado por la ministra de Trabajo, el contrato temporal se deja en suspenso con los perjuicios que ello conlleva para la empresa", afirma la patronal, que cree que las medidas suponen una restricción para el principio constitucional de libertad de empresa.

"No es cierto que en todos los casos la situación sea necesariamente temporal. Hay pedidos y trabajos que se van a perder desgraciadamente. Aunque todos lo deseáramos todos, no se trata de un mero paréntesis de la economía como pretenden hacer creer, obligando además a las empresas a mantener empleos durante seis meses, cuando en muchos casos será muy difícil", dice.

El sector empresarial quiere, continúa la organización, "sostener la economía y el empleo. No es adecuado plantear más parón de la actividad y no es de recibo que se vuelva a imponer el monólogo social”.

Por otra parte, recuerda que el Gobierno no ha atendido las peticiones que en su momento le realizaron CEOE-Cepyme y CEA, en el ámbito fiscal. "Por ejemplo, qué va a suceder el próximo 31 de marzo, cuando nuestras empresas tengan que afrontar los pagos de las nóminas o de la Seguridad Social e incluso del IVA y el IRPF en el mes de abril. Se han propuesto por los empresarios, medidas para mejorar la financiación y la liquidez, pero con moratorias fiscales imprescindibles".

DEPARTA

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