La Junta de Andalucía se reunirá este viernes con el Gobierno en el marco de la Comisión Bilateral, cuya convocatoria había reclamado, para negociar y evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por el Decreto-ley 4/2022 de la Junta de Andalucía, que acordó medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas que había previsto, a su vez, el Gobierno.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves en Mengíbar (Jaén) esa reunión, que se produce solo tres días después del acuerdo del Gobierno central para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma andaluza. "Agradezco que se celebre de manera tan inminente", aseguró ayer. Fue este mismo miércoles cuando el Gobierno andaluz solicitó formalmente su convocatoria. Sanz ha hecho un llamamiento al Gobierno "para que sea sensible en esta materia", convencido de que el recurso en el Tribunal Constitucional "no es el camino, el camino es el diálogo, buscar el acuerdo para poder ayudar a las empresas a mantener su actividad".

"Mi mensaje es de llamamiento al Gobierno para que se rectifique esa decisión y se ayude a las empresas", ha proseguido reclamando Sanz.

El consejero de la Presidencia ha planteado que ante la reunión de la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado "trataremos de buscar un acercamiento de posiciones, puntos de encuentro y evitar ese recurso que significaría un daño irreparable para las empresas, el empleo y el avance de muchas obras que son fundamentales".

El Gobierno, que también ha recurrido un decreto similar de la Comunidad de Aragón, asegura que la iniciativa de Andalucía buscan "extender la aplicación de la revisión excepcional prevista por el Gobierno a otros contratos y a otros supuestos no contemplados en el decreto del Estado".

La normativa estatal solo permitía "los supuestos que se contemplan en este Real Decreto-ley", una revisión excepcional de los precios de los contratos de obras del sector público, con la posibilidad de que las comunidades autónomas aplicaran la medida sí así lo acordaban.

El decreto del Gobierno, del pasado 1 de marzo, contempla, en concreto, cuatro materiales objeto de revisión -betún, aluminio, cobre y hierro- y no incluía las obras ya certificadas antes de la publicación del decreto. La Junta de Andalucía, en una norma publicada el 12 de abril, intentó corregir el decreto nacional con otro en el que todos los materiales eran objeto de revisión, y además acogía todas las obras certificadas en 2021.

El Gobierno central planteó un conflicto de competencias por la norma de la Junta en verano, que condujo a una negociación entre las dos administraciones.

El Ejecutivo invoca el artículo 161.2 de la Constitución en su recurso para obtener la suspensión de los preceptos impugnados y considera también que no solo se plantea una lesión competencial sino el riesgo de infringir el derecho de la UE. 

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ya puso de manifiesto sus "dudas" sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 4/2022, que aprobó el Consejo de Gobierno el 12 de abril.

El equipo jurídico que asesora al Gobierno andaluz ponía de manifiesto en su informe al Decreto-ley 4/2022 que "albergamos dudas relativas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa".