Los datos de paro registrados y de afiliación a la Seguridad Social publicados esta semana y referidos al mes de agosto han sido calificados por la mayoría de analistas económicos como malos para el conjunto de la economía española: la afiliación a la Seguridad Social, principal indicador coyuntural de situación del mercado de trabajo, junto con los ofrecidos de manera trimestral por la EPA, ha caído en más de 200.000 personas este mes y la tasa de variación interanual de esta serie está actualmente en el 2.5%, cuatro décimas menos que hace un año y casi un punto inferior que en el máximo de la serie (agosto de 2017). Por tanto, parece que estamos entrando en una nueva fase de desaceleración económica.

Sin embargo en Andalucía, como por otra parte suele ser la tónica en los últimos ciclos económicos, todavía no hay muchos signos de desaceleración. Antes al contrario, el mercado de trabajo andaluz muestra señales de vigor sorprendentes. Aunque el mes de agosto ha venido acompañado con 5.690 parados más y 15.952 afiliados menos que a finales de julio, las cifras son mucho menos negativas que en el conjunto de España y en términos interanuales Andalucía todavía crece, en términos de afiliación, al 3,2%, la tercera comunidad autónoma de mayor crecimiento junto con Madrid y Murcia.

Cada vez se hace más necesario proteger al trabajador y no el puesto de trabajo

Por otra parte, los últimos meses no han supuesto una ralentización de la contratación en Andalucía a pesar de lo que podría esperarse tras la subida del Salario Mínimo en enero de 2019. En efecto, la subida de más del 22% de las bases de cotización mínimas a principios de año hicieron prever que regiones como Andalucía donde, por sus propias características estructurales, se hace un mayor uso de dichas bases de cotización mínimas a la hora de contratar, pudieran verse afectadas con mayor intensidad por esta subida de costes. Sin embargo, analizando las series tanto de afiliación como de contratos desde enero a agosto de este año, no se observan efectos apreciables en estas series. Esto no tiene por qué significar que las empresas no se hayan visto afectadas por dicha subida. La fuerte demanda agregada (tanto interna como externa) que deben satisfacer dichas empresas puede estar enmascarando el aparente no efecto de la subida del salario mínimo. Estudios más detallados de dicho impacto, como el realizado recientemente por BBVA Research, indican que para colectivos potencialmente más vulnerables ante dicha subida (jóvenes, en sectores como Comercio, Hostelería, Actividades Inmobiliarias o Administrativas, y en regiones como Andalucía, Canarias, Murcia o Extremadura) encuentran que el impacto puede estar en torno al 0.4% de reducción en la tasa de crecimiento de la afiliación. Por tanto, el efecto, aunque menor al esperado podría no estar siendo nulo. De hecho, en el sector primario andaluz se observan caídas en la afiliación entre diciembre de 2018 y junio de 2019 superiores al mismo periodo de 2018 (en torno a 37.000 afiliados menos) que podrían deberse en parte a la subida del salario mínimo.

Por otra parte, y aunque las cifras de paro y afiliación todavía parezcan no aventurar problemas, no podemos olvidar los nubarrones que se ciernen sobre el horizonte: inestabilidad política a nivel nacional, acusada incertidumbre también a nivel internacional (guerra comercial, Brexit, desaceleración alemana, etcétera).

Además, Andalucía sufre con mayor intensidad unas debilidades estructurales más profundas en su mercado de trabajo (tasa de paro superior, altísima temporalidad, bajos salarios, etcétera) que se acentúan por los más de 6 años sin reformas de calado. La falta de reformas en este mercado tan importante hace que las principales instituciones laborales (unas reglas de contratación y despido calamitosas, un sistema de negociación colectiva muy ineficiente y unas políticas activas mal diseñadas, por citar las principales) generen unos incentivos muy perversos a la hora de contratar y despedir, así como a la hora de fijar salarios.

Así, por no irnos más lejos, podemos observar lo ocurrido en el pasado mes de agosto cuando se han firmado más de un millón y medio de contratos en el conjunto de España (321.900 en Andalucía) de los cuales solo un 8,1% son indefinidos (en Andalucía esta ratio es un raquítico 4,1%). Esto quiere decir que el resto son contratos temporales que se firman de manera podríamos decir bulímica; esto es, se crean en un momento determinado para destruirse días, semanas o, como mucho, meses después. Este es el sistema de creación de empleo que tenemos en España desde hace décadas. Con este sistema, como ha quedado demostrado ya en múltiples estudios tanto teóricos como empíricos, no hay manera de generar valor añadido y, por ende, de cambiar el sistema productivo. Además, y esto es especialmente preocupante en un escenario de incertidumbre y desaceleración económica como el que se vislumbra para el futuro próximo, este modelo de contratación nos adentra en lo que ya nos ha ocurrido en varias ocasiones en el pasado: en cuanto que las empresas detectan problemas de demanda, echan el freno a la contratación temporal y comienzan a despedir (primero a los trabajadores temporales y luego a los que tienen contrato indefinido y poca experiencia en el empleo).

Ante esto, los poderes públicos saben de sobra que es necesario hacer. Sin embargo, como ya explicaba hace unos meses en estas mismas páginas, el Gobierno parece querer someternos en un continuo día de la marmota, volviendo una y otra vez sobre el sempiterno tema de los costes o las causas de despido. Ese no es el camino. Cada vez se hace más necesario proteger al trabajador y no el puesto de trabajo y para ello debemos olvidarnos cuanto antes de costes de despido duales para contratos temporales e indefinidos y avanzar en sistemas de protección que acumulen derechos a lo largo de la vida laboral, independientemente del contrato que se tenga, el régimen al que se cotice o la empresa para la que se trabaje. Mientras no pensemos de una vez y por todas en sistemas de protección del siglo XXI y no del XX estaremos abocados a volver a ver como volvemos a las andadas: crisis con tasas de paro que escalan de nuevo a niveles por encima del 20% para, al cabo de 8 ó 9 años, volver a descender a niveles de nuevo del 15 o, como mucho, del 10%.