Los Estados de la Unión Europea pactaron este lunes actualizar las normas europeas de protección de los diseños industriales con el objetivo, entre otros, de evitar monopolios en la fabricación de piezas de recambio y facilitar que los usuarios puedan reparar productos como los automóviles. 

El acuerdo fija la postura de los países para negociar con la Eurocámara la revisión de unas normas que datan de hace 20 años y que la UE quiere también adaptar a la nueva realidad digital, por ejemplo, para proteger los diseños generados con impresoras 3D. 

"Desde la perspectiva económica, la cláusula de reparación será con diferencia el logro más importante de la revisión. La evaluación de la Comisión Europea estima un ahorro para los consumidores de entre 415 y 664 millones de euros gracias a una mayor competencia en el sector", dijo el ministro español de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, quien presidió el debate hoy en el consejo de ministros europeos del ramo en Bruselas. 

Esta cláusula prevé que no estén protegidos los diseños de componentes de un producto complejo cuando estos componentes vayan a usarse con el único fin de reparar ese producto para restaurar su aspecto original, lo que en la práctica supone que el fabricante que tenga registrado el diseño no pueda ejercer el monopolio en su fabricación. 

"Este paso liberalizará el mercado de recambios, proporcionando así precios más bajos para los consumidores", indicó el Consejo de la UE en un comunicado. 

La medida, sin embargo, se aplicará solo a los futuros diseños, mientras que los diseños actuales que ya gocen de protección podrán mantenerla durante un periodo de diez años tras la entrada en vigor de las nuevas reglas. 

Aunque se había intentado con anterioridad, esta cláusula no había salido adelante por los intereses contradictorios de los fabricantes, en particular la industria automovilística, que no deseaban permitir la venta de réplicas de las partes originales para no perder cuota de mercado; y los de los consumidores y otras industrias que sí estaban a favor de autorizarlas. 

Por otro lado, la revisión de las normas - una directiva de 1998 y un reglamento de 2002 - clarificará cómo se aplican a nuevos desarrollos tecnológicos, como los diseños que pueden ser reproducidos con impresoras 3D, los diseños gráficos o las interfaces para usuarios. 

Busca asimismo facilitar que diseñadores individuales y pequeñas y medianas empresas (pymes) opten por proteger sus diseños, para lo que Bruselas había propuesto, entre otras medidas, una simplificación y rebaja de ciertas tasas. 

El acuerdo de los Estados establece que las tasas para registrar un diseño a nivel nacional deben ser más bajas que para hacerlo a nivel europeo, pero no reduce la tasa de solicitud y, de hecho, "incrementa ligeramente" algunas tasas de renovación con el fin de mantener la "sostenibilidad financiera" de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) y a la vista del "elevado nivel de inflación en la UE en los últimos tiempos", explicó Gómez. 

Asimismo, deja en manos de los Estados decidir si los procesos para declarar nulo un diseño son tratados por los tribunales o por un órgano administrativo, mientras que Bruselas quería obligar a establecer procedimientos administrativos para ello. 

"No era necesariamente el enfoque más eficaz y podía suponer una carga administrativa no justificada", dijo el ministro español. 

Estados y Eurocámara deben negociar ahora el texto definitivo para que la legislación pueda entrar en vigor. 

Según datos de la Comisión, las empresas con diseños protegidos representan el 16 % del PIB y el 14 % del empleo en la UE.