El pleno de la Comisión de Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado este miércoles un desembalse de 600 hectómetros cúbicos para el riego de los cultivos del sistema de regulación general (al que se acogen la mayoría de los regantes), un 35,1% menos que el aprobado en 2021, que ya fue un mal año.

Esto significa una dotación máxima para los regantes de 1.750 metros cúbicos por hectárea, un 70,8% menos que la dotación concesional, fijada en 6.000 metros cúbicos por hectárea. 

La decisión mejora algo la propuesta de febrero, que reducía al mínimo el desembalse (425 hectómetros cúbicos) y la dotación: solo 1.000 metros cúbicos por hectárea, un 83% menos que en una campaña normal.

Las abundantes lluvias de marzo (un 47% por encima de la media) y abril (29%) no han sido suficientes para dar la vuelta a la situación de sequía que vive la cuenca. De hecho,  sel 1 de octubre (momento en que comienza el año hidrológico) al 30 de abril se han recogido 385 litros por metro cuadrado de media en los embalses de la cuenca, lo que supone un 22% menos que lo registrado para el mismo período de los últimos 25 años, que se sitúa en 496 litros por metro cuadrado. Y el volumen embalsado en los 48 embalses de regulación de la cuenca asciende a 2.625 hectómetros cúbicos (32,3% de la capacidad total de embalse), 756 hectómetros cúbicos menos que hace un año y solo unos 300 más que el pasado mes de febrero. A pesar de ello, la Confederación asegura que está garantizado el suministro de agua a corto-medio plazo para el abastecimiento de la población.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) informa que al desembalse de 600 hectómetros cúbicos podrían sumarse 20 más en octubre si hubiera ausencia de precipitaciones (en el anterior periodo fueron 40). Para el riego del arroz, que ya ha dejado sin sembrar el 50% de la superficie en la última campaña, se ha aprobado un volumen máximo de 117 hectómetros cúbicos (en la anterior campaña fueron 187), mientras que para los riegos extraordinarios el Pleno ha autorizado 20 hectómetros cúbicos (10 menos que en la anterior campaña) para superficies de regadío con arboleda en precario y para aquellas explotaciones agrícolas que cuenten con infraestructuras de riego que lo permitan.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha reiterado su compromiso de celebrar una reunión de la Comisión Permanente en caso de que la situación de la cuenca o la evolución de la campaña lo permita, tal y como ocurrió en 2021. Páez ha apelado a la colaboración de los usuarios y a la necesidad de respetar el condicionado de sus concesiones, “ante la peor campaña de los últimos años”.

La CHG ha anunciado, por otro lado, medidas orientadas al control y la eficiencia de los consumos. Así, implantará equipos de telemedida en los contadores de 78 grandes comunidades de regantes, que suman una superficie total de 50.000 hectáreas. Con este procedimiento, las señales que emitan estas comunidades llegarán vía satélite al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) Guadalquivir para que se puedan constatar a tiempo real los consumos que se realizan. Estas 50.000 nuevas hectáreas se suman a las 273.000 ya integradas en el sistema.

También se ha iniciado el estudio batimétrico en 26 grandes embalses de la cuenca para conocer, entre otros aspectos, el grado de aterramiento (acumulación de tierra, lodo o arena en su fondo) de estas infraestructuras con objeto de conocer la capacidad real de almacenamiento. Una primera tendencia preliminar arroja que el mayor aterramiento se vendría produciendo en los embalses de la margen izquierda del Guadalquivir.

Como nota positiva, las primeras conclusiones también señalan que se ha detectado un incremento de la capacidad de algunas presas con respecto a lo calculado históricamente.

Por último, se ha dado cuenta de la colaboración entre la CHG y la Guardia Civil para incrementar las actuaciones e inspecciones que ambos organismos desarrollarán durante la próxima campaña. "Con estas labores, se pretende dotar de la mayor seguridad al uso y gasto del recurso, frente a prácticas ilegales que puedan detraer agua en un contexto tan delicado como el que atraviesa la demarcación", señala la CHG.