La cadena alimentaria y la hostelería reclaman al Gobierno, ante la huelga indefinida del transporte convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte a partir del lunes 14, que el Gobierno aporte "seguridad y garantías" en el abastecimiento de productos y materias primas y para que los transportistas que quieran hacerlo puedan ejercer su derecho al trabajo.

Así lo piden, en un comunicado conjunto, las organizaciones agrarias COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España; la de gran consumo Aecoc; las de la distribución Anged, ACES y Asedas; la de la industria alimentaria FIAB y Hostelería de España y Marcas de Restauración. En el mismo sentido se ha manifestado la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), que recuerda que noviembre es uno de los meses de mayor actividad hortofrutícola, con unas 600.000 toneladas semanales comercializadas con un valor de 700 millones de euros. El sector de los electrodomésticos, por su lado, ha cifrado las pérdidas semanales en caso de paro en 100 millones de euros.

Las organizaciones exigen que "no se repitan las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria con motivo del último paro del transporte (marzo de 2022), que impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensable para el funcionamiento de la cadena alimentaria".

Recuerdan que toda la cadena alimentaria "ya está gravemente tensionada por el complejo escenario internacional" y destacan "los daños que este nuevo paro puede ocasionar especialmente a miles de pymes que ya atraviesan un momento delicadísimo". 

“Somos un sector esencial y estratégico, como ha quedado demostrado en las recientes crisis que hemos padecido, y creemos que ha llegado el momento de que el Gobierno adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que esta sea”, afirman.

Por su parte, una de las principales patronales del sector del transporte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), contraria al paro ha pedido al Ministerio del Interior que informe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la convocatoria de huelga "para que actúen con la contundencia y firmeza necesaria para que nuestras empresas garanticen el suministro", sobre todo después de que muchas empresas y autónomos "se vieran obligados a parar" en el anterior paro "solo para evitar el perjuicio de sus profesionales e importantes pérdidas económicas". Por su parte, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) opina que el paro "pone en peligro" la cadena de suministro y supone un "riesgo de desabastecimiento en un momento estratégico del año para miles de empresas que se juegan ahora su cuenta de resultados”.

La CETM recuerda que los acuerdos alcanzados entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) -que agrupa a las principales organizaciones del sector- y el Ministerio de Transportes han supuesto un "antes y un después" y pide tiempo y paciencia para obtener resultados y "cambiar hábitos que se habían normalizado".

Entre estos acuerdos, recuerda la CETM, están laprohibición de la realización de las labores de carga y/o descarga por parte del conductor, la obligatoriedad de la cláusula de revisión del precio del transporte porla variación del precio del combustible, la reducción de los tiempos de espera, la devolución mensual del gasóleo profesional, la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, las ayudas directas (dos pagos de 1.250 euros por vehículo pesado y 500 euros por ligero) o la Ley de la Cadena de Transporte, entre otras cuestiones.La patronal recuerda que la principal petición de la convocante de la huelga, el establecimiento de tarifas mínimas, es "inviable jurídicamente". "Es un descaro que se intente engañar a los transportistas y que les hagan creer que la única solución es la de paralizar sus camiones, poniendo encima de la mesa mensajes populistas y argumentos engañosos, puesto que no se pueden establecer tarifas mínimas, tal y como ha recordado en numerosas ocasiones la Comisión Nacional de la Competencia", afirma. La otra gran reclamación, la limitación de la subcontratación -que no recoge la Ley de Cadena del Transporte- ya cuenta con el compromiso del Gobierno para llevarse a cabo, según recuerda la CETM.

La plataforma convocante, minoritaria dentro del sector, asegura que el Ministerio de Transportes no ha actuado en estos meses para controlar que se cumpla la ley que garantiza que los transportistas no trabajen a pérdidas, tal y como acordó el Gobierno con el sector el pasado mes de marzo.

"De nada vale hacer una ley si luego no se controla y no se tiene la voluntad de que se lleve a cabo y se dé solución al problema", señaló Manuel Hernández, el presidente de la plataforma, en una rueda de prensa este lunes. "Siete meses después, no se respeta el precio de coste a los transportistas, que cada vez pagamos más", lamentó.

Según ha indicado, los autónomos del sector no tienen capacidad para afrontar el incremento de costes que, según ha cifrado, es del 30% o incluso superiores. "La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir", ha remarcado.