Economía

Por qué se rebela el campo

Cargas policiales en la localidad pacense de Don Benito Cargas policiales en la localidad pacense de Don Benito

Cargas policiales en la localidad pacense de Don Benito

El campo, y concretamente los agricultores, se rebela. Terminado 2019, que ha sido un 'annus horribilis' para el sector primario, las principales organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- han iniciado un intenso calendario de movilizaciones justo cuando se ha conformado el Gobierno. Y justo también cuando el Ejecutivo, con el acuerdo de patronal y sindicatos, sube el salario mínimo en 2020 de 900 a 950 euros. Ha sido esta la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los agricultores. A los bajos precios a los que venden sus productos y el coste creciente de suministros o energía, se le suma el alza del SMI, que ya subió un 22% en 2019.

El alza del salario mínimo pone al sector en el foco mediático

Al contrario de lo que se suele pensar, Andalucía está llena de pequeñas explotaciones agrarias. Según la última estadística del INE, correspondiente a 2016, hay cerca de 250.000. Muchas son familiares, pero otras muchas están gestionadas por pequeños empresarios y autónomos, que han visto reducida su renta un 8,6% en 2019 a nivel nacional, según datos del Ministerio de Agricultura.

El salario mínimo para los temporeros ha pasado de 34,85 euros por jornada en 2018 a 42,62 en 2020 (a falta de la aprobación gubernamental), algo "inasumible", según organizaciones como Asaja, y más teniendo en cuenta que, según datos de CCOO, el 44% de los trabajadores del campo cobran el SMI. Un informe reciente de COAG estimaba que los costes laborales por trabajador -que incluyen las cotizaciones sociales- se incrementaron para el agricultor un 35% entre 2018 y 2019, cifra que se eleva al 43% en 2020. Son 416 más al mes por trabajador, al pasarse 917 a 1.384.

¿Se ha reflejado esto en el empleo? Según la EPA, en España sí, al perder el sector agrario 31.700 ocupados en 2019, pero no en Andalucía. En el sur aumentan en 7.900. Sin embargo, según la estadística de afiliaciones a la Seguridad Social, la región pierde 25.470 cotizantes del régimen agrario. Esta contradicción se explica por dos motivos: el aumento de la economía sumergida -la EPA es una encuesta y sólo recoge la declaración del trabajador- y el hecho de que la estadística de afiliaciones no se refiere a personas estrictamente sino al número de altas. Un trabajador puede haber sido contratado varias veces en un mes, algo habitual en el campo, y lo que nos dice la estadística es que son más los ocupados en 2019 pero con con menos contrataciones. Es decir: han trabajado menos tiempo -y con mejor salario, hay que resaltarlo- y por ahí ha podido venir el impacto del SMI en Andalucía.

El SMI es sólo la punta del iceberg

Los agricultores no sólo están soliviantados por el salario mínimo, quizás el menos importante de sus problemas pero realzado mediáticamente por motivos políticos. La renta agraria ha sufrido un significativo retroceso en 2019, pero lo que denuncian las asociaciones agrarias es que en el largo plazo apenas ha variado respecto a décadas atrás. Es bastante común escuchar a los agricultores que les pagan lo mismo por la naranja o los pepinos que hace 25 años. Y eso es así, entre otras cosas, por dos factores: el sector sigue muy atomizado mientras que los principales clientes, industria y gran distribución, están controladas por grandes operadores que tienen más poder sobre el precio; y la competencia de terceros países, como Marruecos, es creciente y cada vez la UE -nuestro principal mercado- se abre más a importar alimentos de otros países con pocas barreras.

El círculo vicioso de precios bajos y costes de producción altos es permanente, pero se ha agudizado en 2019 y eso ha propiciado las protestas y la unidad del sector, que sólo se produce en este tipo de situaciones límite. 

El agricultor va a elevar el coste del SMI en 416 euros al mes por trabajador en dos años

En muchos casos, la supervivencia depende de las ayudas. En el olivar -sobre todo del tradicional, menos eficiente- un porcentaje muy importante de los ingresos proviene de la Política Agraria Común (PAC), que en cada reforma recorta el presupuesto en términos reales (es decir, si tenemos en cuenta la inflación). Europa, además, tiende cada vez más a dar un enfoque medioambiental a esta política. Ya no se liga tanto la subvención al rendimiento o la eficiencia de la explotación -un enfoque que favorecería a Andalucía- sino a cuestiones como la rotación de cultivos, el menor uso de fitosanitarios, el mantenimiento de los pastos permanentes... Todo vinculado al cuidado de la tierra, al combate contra el cambio climático. La UE pretende con este giro -que ya lleva años y al que se le quiere dar en la nueva PAC una vuelta de tuerca- justificar ante la opinión pública las subvenciones, que una parte de la sociedad asocia a grandes terratenientes que mantienen sus tierras improductivas.

En Andalucía, sin embargo, casi 300.000 personas reciben alguna subvención y en su mayor parte son pequeños agricultores, y muchos son jubilados que obtienen un complemento para su pensión. En su gran mayoría, orientan sus explotaciones al mercado español e internacional, algo que ya no 'premia' la UE.

Y es cierto que hay perceptores millonarios, pero en estos casos -en un porcentaje altísimo- sí que se pone a la tierra a trabajar. Andalucía ya no tiene nada que ver con lo que era hace cincuenta años. Su agricultura -tanto las de las pequeñas como las de las grandes explotaciones- es ahora altamente productiva: los alimentos, de hecho, representan aún un 35% de las exportaciones y cada año baten récords.

Pero el futuro es muy incierto. A un agricultor asfixiado por exigencias ambientales, que tiene que asumir subidas de sueldo y al que le recortan las ayudas le es muy difícil competir con otros mercados. En Marruecos, por ejemplo, el salario diario de un trabajador es cinco euros, según COAG, que lleva años denunciando que los tomates y otros productos como las fresas de aquel país entran en Europa más baratos, sin pagar los aranceles estipulados y con menos exigencias sanitarias.

Los aranceles del 25% en EEUU y la incertidumbre que provoca el Brexit añaden aún más zozobra. Sobre todo porque son dos mercados clave para Andalucía: el británico es fundamental para la fresa, el resto de la actividad hortofrutícola y subsectores como el vino de Jerez; el norteamericano es el mayor mercado fuera de la UE del aceite de oliva y el que más crece. Más barreras arancelarias para nuestros productos mientras la UE relaja sus fronteras no son la mejora ayuda para el futuro de un sector estratégico para Andalucía.

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