El Ayuntamiento de Chipiona lleva a Fiscalía la problemática con los vertidos mineros al Guadalquivir apoyado en un estudio de científicos andaluces

El Ayuntamiento de Chipiona presentará este martes ante la Fiscalía del Medio Ambiente una denuncia basada en una investigación científica elaborada por las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada y el Acuario de Sevilla que cuestiona las autorizaciones concebidas para verter al estuario del Guadalquivir desde las minas de Cobre Las Cruces y Los Frailes, en Aznalcóllar, como ha conocido El Conciso.

De forma paralela, en la presentación del informe en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, Facua Andalucía anunció que interpondrá también su propia denuncia ante el Ministerio Fiscal por los posibles riesgos ambientales y de seguridad alimentaria asociados a estos vertidos.

El alcalde de Chipiona, Luis Aparcero, explicó que el consistorio trasladará a la Fiscalía un documento fundamentado en el que se recogen posibles indicios de delito contra el medio ambiente relacionados con la contaminación de los ríos Agrio y Guadiamar y del propio estuario del Guadalquivir. El objetivo, según señaló, es que el Ministerio Fiscal analice la documentación disponible y determine si procede abrir una investigación y adoptar medidas cautelares.

Los impulsores de esta iniciativa reclaman establecer una moratoria sobre los vertidos mineros autorizados al estuario del Guadalquivir y plantean la creación de un comité científico interdisciplinar e independiente que asesore a la administración autonómica en la evaluación de los posibles impactos ambientales.

Base científica de la reclamación

La denuncia se apoya en una investigación realizada por científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada y el Acuario de Sevilla, presentada en el Rectorado de la Universidad de Sevilla y publicada en una revista científica internacional especializada en masas de agua. Durante el acto, el profesor de la Universidad de Sevilla Jesús Manuel Castillo expuso algunos argumentos científicos que, según el equipo investigador, cuestionan la base técnica de las autorizaciones concebidas. Entre ellos señaló que no se han evaluado los efectos acumulativos y sinérgicos que podrían producirse si los vertidos de Cobre Las Cruces y de la mina de Aznalcóllar se realizan de forma simultánea.

Asimismo, apuntó que las autorizaciones no habrían tenido en cuenta aspectos fundamentales de la fisicoquímica del estuario, al asumir que los metales vertidos permanecerían disueltos en el agua. Según explicó, en realidad la mayor parte de estos elementos tiende a adherirse a partículas en suspensión, lo que favorece su acumulación en los sedimentos.

El investigador también destacó que no se habrían considerado adecuadamente aspectos hidrodinámicos clave del estuario dell Guadalquivir, donde las partículas a las que se adhieren los metales pueden desplazarse aguas arriba y depositarse en el fondo.

A ello se suma, según indicó, el tiempo de resistencia del agua en el estuario interior, que puede superar habitualmente los cien días y favorecer la permanencia de contaminantes en el sistema.

Por último, Castillo advirtió de los procesos de bioacumulación y biomagnificación, por los cuales los metales depositados en los sedimentos pueden incorporarse a la flora y la fauna del estuario y transmitirse a lo largo de la cadena trófica.

Sobre el dictamen técnico encargado por Cobre Las Cruces y elaborado por Aicia, la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía y el departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Castillo alega que "la clave no está en el agua, sino en los sedimentos" y que a este respecto se hace referencia a la normativa sobre el material dragado cuando no tiene sentido cuando se habla de cuidado de la biodiversidad.

Apoyo institucional y social

Durante la presentación del estudio también intervinieron representantes institucionales y de distintos sectores económicos vinculados al estuario del Guadalquivir. El alcalde de Coria del Río, Modesto González, defendió la necesidad de proteger el río, que calificó como un elemento esencial para muchos municipios ribereños, y reclamó que administraciones y sociedad civil den un paso adelante para evitar el deterioro del ecosistema.

En la misma línea, el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, aseguró que los municipios del estuario continuarán trabajando junto a universidades y colectivos sociales para que se escuchen las conclusiones de los investigadores y se evalúe el impacto que los vertidos pueden tener sobre las actividades económicas vinculadas al río.

Desde el sector agrario, COAG Andalucía expresó también su preocupación por las posibles repercusiones de los vertidos en la agricultura del Bajo Guadalquivir. La organización advirtió de que la calidad del agua es un elemento clave para los cultivos de la zona y alertó de que cualquier deterioro podría afectar tanto a los suelos y a las aguas subterráneas como a la imagen de los productos agrícolas que se comercializan desde las marismas.

La iniciativa cuenta demás con el respaldo de distintos ayuntamientos del estuario y de su desembocadura, entre ellos Chipiona, Coria del Río, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Los Palacios y Lebrija, así como de organizaciones sociales, pesqueras, agrarias y ecologistas como la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, la Asociación de mariscadores Jarife, Facua, COAG, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua.

Ante denuncias ya interpuestas en el pasado, desde Ecologistas en Acción se asegura que se trata de una "carrera de fondo" y que no guardan relación efectiva los distintos litigios judiciales.