Algunos datos básicos de la democracia en Andalucía

Si comparamos la Andalucía actual con la del inicio de la democracia, justo ahora hace 40 años, observaremos cambios extraordinarios, pero si lo hacemos en términos relativos, es decir, en términos de distancia con otras regiones o con el conjunto de España, comprobaremos que en muchos casos las cosas apenas han cambiado. Como es lógico, seguimos siendo la más poblada y la segunda más extensa, así como también la que tiene más kilómetros de costa y mayor diversidad natural interna, pero otras cosas que podrían, y deberían, haber cambiado parecen haber sabido aprovecharse de la democracia para perpetuarse. Andalucía sigue siendo una sociedad profundamente arraigada en sus estructuras locales de interacción social (cofradías, peñas…), menos rural que entonces, pero bastante más que el conjunto de España y con una contribución cada vez mayor a la producción agracia nacional, que en 1977 era del 23,3% y en la actualidad del 28,8%.

En general, el peso de la economía andaluza en la española ha aumentado ligeramente a lo largo de estos 40 años (tres décimas, hasta situarse en 2016 en el 13,3% del PIB español), pero como también lo ha hecho la población, a la hora de repartir entre todos para obtener el PIB per cápita, resulta que la diferencia con la media española (un 26,4% inferior) es peor que hace 40 años (25,5% en 1977). Sin embargo, esto no es lo peor. Entre las funciones del estado del bienestar y, en particular, de la función redistributiva de la política fiscal está precisamente la de corregir en la medida de lo posible esta diferencia. Gracias a ello, la diferencia en renta bruta per cápita entre los hogares andaluces y españoles en 2014, el último dato disponible, era tan sólo un 22,1%, aunque si lo comparamos con 1977, cuando la diferencia era un 17,3%, la conclusión obligada es que el bienestar relativo de los andaluces se ha deteriorado a lo largo de estas cuatro décadas. Hay que puntualizar, no obstante, que aproximadamente la mitad de ese deterioro ha tenido lugar durante los años de austeridad en el gasto público posteriores a la crisis de 2008.

Podríamos decir que el reducido valor del PIB por habitante en Andalucía, es decir, del valor de la relación entre el tamaño de la economía y la población, es una constante histórica que ayuda a entender la inmutabilidad de algunos de nuestros atributos socioeconómicos más característicos. En particular, la histéresis del desempleo, elevado incluso cuando la economía se encuentra en torno a su potencial, y el diferencial de productividad con España. Conviene aclarar que si bien ambas características son anteriores a la democracia, sus perfiles actuales se definen durante los años ochenta. En el caso del mercado de trabajo, la tasa de desempleo andaluza al comienzo de la transición se situaba en el 12,5%, la más alta de todas regiones y el doble de la española. Por encima de esta última también estaban Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias, mientras que en la mayor parte de la mitad septentrional de la península y en Baleares la tasa de paro era inferior al 5%. La extraordinaria dualidad territorial del desempleo en España tiene, por tanto, antecedentes predemocráticos, pero la diferencia de 10 puntos entre las tasas de paro andaluza y española que, salvo ocasiones puntuales durante la burbuja inmobiliaria, se ha mantenido hasta la actualidad, se estableció en la década de los ochenta, cuando por primera vez se superó la barrera del 20% de la población activa en paro.

Eran años en los que, con el apoyo de los fondos europeos, se intentaba levantar un sistema de bienestar amplio y generalizado, especialmente en torno a la salud, la educación y los servicios sociales, que garantizase la dimensión social del progreso económico en Andalucía. En el caso de la sanidad, la información estadística es extensa y antigua, pero el trabajo de digitalización que todavía hay que realizar dificulta trasladarse cuatro décadas atrás con datos comparables a los actuales. En cualquier caso, lo que muestran las estadísticas disponibles está bastante alejado del triunfalista mensaje oficial sobre la sanidad andaluza. El número de camas hospitalarias, que en 1990 eran 9,97 por cada 10.000 habitantes (en España eran 10,88) se había reducido hasta 8,06 en 2014. El número de médicos, en cambio, aumentó significativamente desde 34,5 por cada 10.000 habitantes en 1990 hasta 44,4 en 2015, aunque al compararlo con lo sucedido en el resto de España se observa que si en 1990 los andaluces teníamos 3,8 médicos menos por 10.000 habitantes, la diferencia se ha ampliado hasta 7,9 en 2015. La conclusión, por tanto, es que el avance ha sido sin lugar a dudas positivo, pero también nuevamente más lento que en el resto.

Con la educación los hechos han sido similares. Los avances han sido evidentes y en algún caso espectaculares, como con la tasa de analfabetismo, que desde el 30% a mediados del siglo pasado, se había conseguido reducir por debajo del 10% a principios de los 80 y del 5% en los 90, pero cuando nos comparamos con el resto, sobre todo a raíz de informes como PISA, la impresión es que las distancias siguen siendo todavía muy amplias. Lo que dicen las estadísticas en este caso es que la población que no ha terminado la segunda etapa de secundaria es un 9% mayor que en España, un 2% menor los que la finalizan y un 7% menos la que consigue acabar la educación superior.