Una decena de ex directivos de cajas están a punto de sentarse en el banquillo

Una decena de directivos de cajas de ahorros se encuentran ya a un paso del banquillo de los acusados, una vez que las numerosas investigaciones abiertas por su gestión llegan a su fin: la última de ellas la que afecta a siete ex directivos de la CAM y Novagalicia.

Si bien estos siete ex directivos están a la espera de la inminente apertura de juicio, los que ya tienen fecha para sentarse en el banquillo son cuatro ex directivos de Caixa Penedès, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide hasta tres años y medio de cárcel por haberse adjudicado supuestamente pensiones millonarias mediante pólizas que contrataron sin conocimiento de los órganos de administración y control.

Será el próximo 19 de mayo cuando el ex director general, Ricard Pagès, y los ex directivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas, deban rendir cuentas de su actuación ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Aún sin fecha, pero sólo pendientes de que se dicte apertura de juicio se encuentran el ex director general de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y el ex presidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de 17 millones en créditos al último.

El juez Javier Gómez Bermúdez cerró esta pieza separada de la causa principal de la CAM en enero y ya ha recibido esta semana los escritos de acusación de Anticorrupción y del FROB contra ambos.

La Fiscalía ha pedido para el primero cuatro años de prisión por apropiación indebida agravada, y también le reclama una multa de 90.000 euros, y para Avilés rebaja la pena a dos años y medio por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

Asimismo, quiere que ambos indemnicen al Banco Sabadell -al que se le adjudicó la CAM por un euro tras su intervención-, con casi 1,5 millones de euros de forma solidaria junto a otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones (TI), sociedad participada por la caja.

Según Anticorrupción, todos ellos cobraron de forma presuntamente irregular dietas de entre 9.566 y los 308.000 euros, cantidad esta última que se embolsó Avilés en lugar de los 15.000 que le correspondían.

El FROB va más allá y pide 10 y 6 años para López Abad y Avilés, y considera que además debe pagar una indemnización de 4,9 millones de euros por el "quebranto" derivado de los préstamos que le concedió la entidad.

Sin embargo, opina que esta cantidad debe ir a parar al Fondo de Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell.

De todos ellos, solo López Abad ya sabe lo que es dormir en prisión, donde ingresó bajo fianza de 2,5 millones -que abonó en apenas seis días- por haber desviado presuntamente 247 millones a un paraíso fiscal en el Caribe a través de la sociedad Valfensal.

Ésta es otra de las piezas separadas de la CAM en la que Gómez Bermúdez investiga al ex director de Empresas Daniel Gil, el ex director de la división internacional y negocio hotelero César Veliz; el de TI, Vicente Sánchez y el ex director económico de Valfensal Francisco Climent.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el juez está a la espera del último informe pericial del Banco de España para cerrar también esta investigación y llevarla a juicio.

Por su parte, su compañero Ismael Moreno en la Audiencia Nacional también ha dado el primer paso para juzgar a cinco ex directivos de Novagalicia, entre ellos su ex copresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro supuestamente indebido de casi 19 millones en prejubilaciones.

Moreno acusa a Fernández Gayoso de un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de estafa, junto a al ex director general José Luis Pego; al ex director general adjunto ejecutivo, Javier García de Paredes; el ex responsable del Grupo Inmobiliario, Gregorio Gorriarán; uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada, y el abogado Ricardo Pradas.

El magistrado archivó la causa al ex copresidente Mauro Varela, al ex vicepresidente Salvador Fernández Moreda, al ex vicepresidente Alfonso Zulueta y a Pilar Cibrán, procedente de Caixanova, a los que llegó a imputar por estos hechos.

Los once directivos de las cajas que están a punto de visitar el banquillo de los acusados son un pequeño porcentaje de los más de un centenar de banqueros imputados por los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que implican a Caja Castilla La Mancha, Banco de Valencia, Banca Cívica y Caja Madrid.