La desaceleración económica, el final del boom inmobiliario y las incertidumbres que rodean al sector financiero han desatado una purga a la que están sucumbiendo numerosas sociedades que se habían dedicado a embaucar a miles de inversores con promesas de rentabilidades imposibles. Si la semana pasada saltaba a la luz el caso de Contsa, ayer se conocía la detención en Valladolid de los administradores de Riverduero Centro de Asesoramiento e Inversión (CAI), por una presunta estafa de 25 millones de euros a 500 personas.

Esta sociedad, que tiene sede en la capital castellanoleonesa y cuenta con una delegación en Sevilla, actuaba, según consta en la nota de prensa emitida por la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, captando fondos de particulares a los que prestaba servicios de asesoramiento e inversión en los mercados de capitales. Los detenidos son L. B. P., de 61 años, y J. M. C. C., de 57.

De acuerdo con los datos del registro mercantil, la sociedad que administraban se constituyó en 1991 y, según las investigaciones policiales, en 1999 comenzaron a colocar las aportaciones de sus clientes en productos derivados "sin ningún tipo de cobertura, obteniendo importantes pérdidas y no informando de ello a los inversores, que en todo momento pensaban que su dinero se movía con garantías y plena cobertura" -ofrecían productos inexistentes o con elevados rendimientos-. La gestión de Riverduero seguía una estructura piramidal (como ocurrió con las sociedades filatélicas Fórum y Afinsa), de modo que cuando un cliente solicitaba el reembolso de su capital, la firma respondía con las aportaciones de nuevos inversores. Es más, con esas aportaciones cubría los gastos ordinarios y de mantenimiento de la empresa (el alquiler de las oficinas, las nóminas, las facturas del teléfono...). Esta operativa se volvió insostenible a partir del verano de 2007, cuando, ante la imposibilidad de hacer frente a todos esos compromisos, Riverduero entró en una situación de "total iliquidez e insolvencia patrimonial". Tanto es así, que la Policía duda de que pueda recuperarse el dinero de los inversores.

Las investigaciones apuntan, asimismo, a que los empleados y comerciales de la sociedad desconocían la forma de actuar de los administradores y la situación real de la firma, por lo que se les considera "perjudicados". Al parecer, la mayor parte de los clientes son de Valladolid, aunque también los hay de Palencia, Madrid o Galicia. En cuanto a la delegación de Sevilla, la Policía no concretó la cifra de afectados, pero recalcó que hay "numerosos clientes". La oficina hispalense, ubicada en la céntrica Avenida de la Constitución, permanecía ayer cerrada a cal y canto, y nadie contestaba al teléfono.

Según fuentes consultadas en el sector financiero, se trata de una sociedad de la que prácticamente se desconocía su existencia. Quizás se deba a que con ella trabajaba un grupo de inversores de alto poder adquisitivo, que había aportado grandes cantidades de dinero. En el polo opuesto se sitúan los clientes que desembolsaron menores cantidades y que se han quedado en una situación económica "muy precaria". Esta sociedad no estaba registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y tampoco aparece en las listas que el órgano regulador suele confeccionar con los chiringuitos financieros que detecta.

La Policía tuvo conocimiento del caso tras la denuncia interpuesta por varios clientes en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid el pasado 28 de enero. El 15 de febrero, y después de las pesquisas pertinentes, fueron detenidos L. B. P. y J. M. C. C., para los que se ha decretado prisión.