Las empresas y autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia y que sufrieran en 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30% podrán optar a ayudas directas de entre 4.000 y 200.000 euros para pagar deudas con proveedores, empleados o arrendadores.

El Consejo de Ministros, reunido ayer en sesión extraordinaria, aprobó un real decreto-ley por el que crea un paquete de ayudas para empresas de 11.000 millones de euros a través de transferencias directas (7.000 millones), reestructuraciones de deuda (3.000 millones) y recapitalizaciones (1.000 millones).

La concesión de todas las ayudas está sujeta a una serie de condiciones, como que las empresas no tengan su domicilio en un paraíso fiscal ni estén en concurso de acreedores, y sus condiciones concretas se recogerán en un desarrollo reglamentario que el Gobierno aprobará en un plazo máximo de un mes y diez días.

Los autónomos que se rijan por el sistema de módulos accederán a una cantidad fija de 3.000 euros

La mayor parte de los fondos, 7.000 millones, se materializarán en de ayudas directas para autónomos y empresas de un centenar de actividades, entre las que están hostelería, la restauración, el comercio, el mantenimiento aeronáutico, la cultura o los sectores auxiliares al transporte. Podrán recibir estas ayudas los autónomos y empresas cuyos ingresos en 2020 hayan sido al menos un 30% inferiores a los de 2019 y tendrán que destinarlas al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, con proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera.

Los autónomos acogidos al régimen de módulos del IRPF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros y el resto de autónomos y empresas, a entre 4.000 y 200.000 euros. La cuantía no podrá superar el 40% de la caída de ingresos en el caso de microempresas y autónomos (hasta 10 trabajadores), y el 20 % en el resto de negocios.

Las ayudas llegarán como mínimo en 40 días, momento en el que se transferirá el dinero a las autonomías

La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, como la prohibición de reparto de dividendos y el aumento de retribuciones del personal directivo.

En cuanto al reparto por regiones, Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones y el resto de comunidades autónomas, los 5.000 millones restantes, que se asignarán siguiendo los mismos criterios utilizados para el fondo React-EU. Es decir: el impacto de la pandemia en la riqueza, en el desempleo general y en el juvenil.

De los 7.000 millones, 4.000 van a Canarias yBaleares; y 5.000 al resto de regiones

Será la Agencia Tributaria la entidad encargada de proporcionar la información a las comunidades para saber si la empresa solicitante cumple con los requisitos para acceder a las ayudas y habrá una plataforma para dicho fin. La transferencia de los fondos se producirá en un plazo máximo 40 días y en los próximos días se publicará la orden que estipula el monto que le corresponderá a cada una de las regiones.

3.000 millones para reestructuraciones de deuda

La segunda pata del programa consiste en la creación de una línea de avales públicos de 3.000 millones para la reestructuración de deuda financiera de empresas que hayan recibido préstamos avalados por el ICO y que cumplan unos criterios que establecerá el Consejo de Ministros

1.000 millones para rescatar empresas medianas viables

La tercera línea del programa supone la creación de un fondo de recapitalización, articulado a través de la sociedad estatal de participación público-privada Cofides y dotado con 1.000 millones, para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables. El fondo dispondrá de distintos instrumentos de endeudamiento, capital y préstamos participativos.