La gestión de agua necesita una vuelta de tuerca. Muchas infraestructuras se están quedando obsoletas y necesitan renovarse; hace falta un empujón en la inversión en depuración para cumplir la Directiva europea de Aguas, con la vista puesta en 2015; y, tras los recortes presupuestarios y la previsible reducción de los fondos europeos, no parece que la tarifa por sí sola sea suficiente para sostener el coste de llevar el agua a los hogares, y menos de financiar las inversiones necesarias.

Los expertos reunidos ayer por Grupo Joly en la Jornada Técnica Hacia un nuevo modelo de gestión del agua, patrocinada por Acciona, coincidieron en que los desafíos pendientes requieren cambios. Y algunos bastante profundos. Por ejemplo, en España cada Ayuntamiento o mancomunidad tiene competencia sobre la política de precios, y no existe un criterio unificado sobre cómo elaborar la factura. La consecuencia de eso es una oscilación en las tarifas en España que no obedece a ningún motivo específico. Para solucionarlo, algunos proponen un regulador a nivel nacional, del mismo modo que en la electricidad o en la energía. Antonio Martínez Dalmau, socio de PwC y que presentó el informe La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros, aseguró que un organismo de este tipo aportaría "estabilidad" al sector, ya que establecería un "marco metodológico" para determinar los costes. En la misma línea se manifestó Manuel Navarro, director del Ciclo del Agua de Acciona: "La regulación es necesaria para defender los intereses de los usuarios y definir los costes reales del servicio y también la calidad". Navarro abogó por dar más poder a las comisiones de precios a nivel autonómico, que "se limitan a autorizar y a publicar lo que han autorizado, y no a estudiar las propuestas de los municipios".

El objetivo con una institución así -y con legislación estatal que acompañe su función- es separar el grano de la paja: clarificar cuál es el coste real del ciclo del agua y a partir de ahí decidir. Eso es lo que defendió el director general de área de Acciona Agua, José Díaz Caneja: "Primero vamos a reflejar la realidad y después vemos cómo se repercuten los costes en la sociedad, qué es lo que se puede pagar. Debemos preguntarnos por qué se usa el agua para esconder conceptos y costes no asociados con el agua". Caneja se refiere, por ejemplo, al hecho de que algunas autonomías aplican un canon del agua que no tiene carácter finalista. Es un impuesto que se cobra en la tarifa, pero cuya recaudación se destina a fines al margen de la gestión del agua. "La Administración lo gasta legalmente en otras cosas pero no justamente", afirma Manuel Navarro. Además, los ayuntamientos tienen modelos de facturas diferentes y en algunos casos tarifa plana, lo que contribuye aún más a la confusión.

Además de dar coherencia a un modelo que tiene ventajas como la cercanía de la gestión, los expertos reunidos ayer coincidieron en la necesidad de acometer nuevas inversiones y de renovar las infraestructuras existentes. Y no sólo porque así lo exige la Directiva europea de Aguas. Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS), afirmó que los recortes presupuestarios -el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente invierte ahora un 15% de lo que lo hacía en 2007- están empezando a notarse. "La infraestructura del agua es robusta -afirmó-, y si un año no inviertes no pasa nada, pero si dejas de hacerlo tres, cuatro y cinco años es diferente. La falta de inversión está empezando a notarse, y de forma importante".

El problema está en cómo lograr la financiación, teniendo en cuenta la disminución drástica, también, de los fondos europeos. Los expertos propusieron, como primera opción, la "clarificación de las competencias" de los municipios, en palabras de Antonio Martínez Dalmau, de PwC, con el objetivo de "facilitar las economías de escala". Se trata de fomentar la unión de los municipios para hacer frente de forma conjunta a la gestión del agua. Ya hay ejemplos, y Manuel Navarro, de Acciona, citó dos: Ghiasa, en Huelva, que abarca toda la provincia excepto la capital; y Somajasa, en Jaén, sociedad mixta constituida por la Diputación de Jaén y Acciona. Navarro destacó que en este último caso la sociedad no sólo es eficiente, sino solidaria, ya que facilita el acceso al agua al mismo precio a los municipios con más difícil acceso.

La colaboración público-privada se revela como un instrumento útil, y en el caso de la inversión, casi como una necesidad. Fernando Morcillo, de la AEAS, afirma que en este caso se deben tener en cuenta tres factores: la seguridad jurídica, una rentabilidad razonable y la participación de "los sujetos interesados en aportar mecanismos de financiación". José Díaz Caneja pide cerrar un modelo "en el que no se permitan sorpresas". Si se hace bien, hay más ventajas que inconvenientes y así se admite desde la propia Junta de Andalucía. Bartolomé Fernández, director de División de Infraestructuras y Explotación del Agua, asegura que el modelo concesional tiene la ventaja de que es la misma entidad la que construye y gestiona después la infraestructura. En otros casos, es la propia Junta la que acomete la inversión y cuando es recepcionada por los ayuntamientos estos o se desentienden o no tienen capacidad económica para explotar el equipamiento. En algunos casos eso genera problemas, tal y como señaló Juan Antonio Puerto, jefe del servicio de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: "No tienen capacidad técnica ni a veces voluntad de controlar los vertidos industriales", lo cual dificulta el objetivo europeo de tener las aguas en buen estado ecológico.

Aparte de armonizar un modelo muy disperso, fomentar la unión supramunicipal y desarrollar la colaboración público-privada, los expertos creen que es necesario dar una vuelta al modelo tarifario. En Europa, afirma Fernando Morcillo, la tendencia es a repercutir los costes en la factura, incluso en la parte de las inversiones. "Los ciudadanos lo asumen como natural, y la realidad es que en España tenemos tradición de pagar poco e incluso creemos que es un bien que viene de la madre naturaleza, cuando hay mucho de artificial en llevarlo a los hogares", afirmó. José Díaz Caneja, de Acciona, abundó en ello: "Cualquier aumento es muy sensible, causa mucha alarma. No aguantamos subidas de cuatro, cinco o seis euros cuando pagamos diez veces más por dispositivos de móviles, por ejemplo". En el presupuesto familiar, el agua es el 0,8% del gasto total en un año, pero en cualquier caso desde el sector no se pretende asfixiar más al ciudadano con más gastos. "Que haya transferencias en la renta -señala Morcillo-, que se suba el agua y se bajen los impuestos en lo que corresponda", para no dañar la economía de las familias. En cualquier caso, el coste del agua hay que pagarlo y si no se hace ahora lo harán nuestros hijos y nietos, señalan los expertos. Además, su precio "no puede estar sujeto al vaivén político", afirma José Manuel de la Puente, director de Auditoría de Emasesa (empresa de aguas de Sevilla), y en su establecimiento sólo deben primar criterios técnicos.