El fraude de Fórum cumple cinco años

El agujero de la entidad y de Afinsa causó pérdidas de 4.800 millones y perjuicios a 480.000 clientes · El proceso concursal y las causas penales continúan abiertas · La Justicia ha exonerado al Estado de culpa

Afectados de Fórum y Afinsa durante la manifestación celebrada el sábado en Madrid.
Afectados de Fórum y Afinsa durante la manifestación celebrada el sábado en Madrid.
Europa Press / Madrid

09 de mayo 2011 - 05:02

Hoy se cumplen cinco años de la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa por presunta estafa, que se saldó con casi 480.000 clientes perjudicados y pérdidas de 4.800 millones. El aniversario llega con los distintos procesos judiciales abiertos todavía por resolver.

Ante la falta de soluciones, los afectados se manifestaron el pasado sábado para exigir al Gobierno y a los partidos una solución definitiva que palíe las pérdidas sufridas tras el cierre de las empresas.

Los procesos concursales de Fórum y Afinsa, que tramitan los juzgados de lo Mercantil número 7 y 6, respectivamente, aseguran la recuperación de entre un 25% y un 30% de las cantidades invertidas por los clientes, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Los cerca de 290.000 afectados (por número de contratos) de Fórum han recibido ya un 10% del dinero que depositaron, lo que ha supuesto un pago de 328,74 millones procedentes de la tesorería y de parte de la liquidación de los activos de la compañía, que cuenta con un agujero patrimonial de 2.801 millones. Se calcula que podrían llegar a cobrar hasta el 25%.

Los administradores concursales de Fórum proseguirán durante 2011 con la subasta de inmuebles y el juez espera abrir la fase de calificación del concurso -que implica el pago total de las deudas de la sociedad- en los próximos meses. La Fiscalía y los administradores han solicitado la declaración de culpabilidad para los gestores de la empresa, que estaba presidida por Francisco Briones, que se enfrentarán a hasta 15 años de inhabilitación.

En lo que respecta al concurso de Afinsa, el juez aprobará en los próximos días el plan de liquidación de la empresa propuesto por la administración concursal, que prevé devolver a los cerca de 190.000 afectados entre un 20% y un 30% del total de 2.403 millones de euros invertidos.

Por su parte, los jueces de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Santiago Pedraz continúan con las causas penales abiertas contra los directivos de Fórum y Afinsa, respectivamente, por presuntos delitos de estafa, contra la Hacienda Pública, administración desleal, blanqueo de capitales, insolvencia punible y falsedad documental.

Según fuentes de la Fiscalía, la petición de apertura de juicio oral contra los responsables de las empresas podría producirse entre finales de 2011 y principios de 2012. Las diligencias de investigación se encuentran en fase de redacción de los informes periciales, cuya finalización determinará el tiempo de redacción de los escritos de conclusiones.

Los afectados siguen reclamando ante los tribunales contencioso-administrativos la responsabilidad patrimonial del Estado por no controlar la actividad de las empresas. En febrero de 2010, la Audiencia Nacional eximió al Estado de cualquier responsabilidad, sentencia que fue confirmada en diciembre por el Tribunal Supremo, cerrando de momento cualquier posibilidad de ser resarcidos por el mal funcionamiento de las administraciones.

La mañana del 9 de mayo de 2006 agentes adscritos a la Unidad Central de Delincuencia Económica y de Blanqueo de Dinero del Cuerpo Nacional de Policías irrumpieron en las sedes de ambas empresas, dando fin al negocio de venta de sellos iniciado más de veinte años atrás, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

Fórum Filatélico fue creado en 1979 por el empresario fallecido Jesús Fernández Prada, mientras que Afinsa nació un año después de la mano del empresario portugués Albertino Figueiredo, imputado por la Audiencia Nacional.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los primeros indicios del presunto fraude piramidal los descubrió la Agencia Tributaria a finales del 2003, durante una investigación sobre los balances contables de los ejercicios comprendidos entre 1998 y 2001. Las empresas ofrecían intereses de cerca del 6% y fueron acusadas de operar como entidades financieras.

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