Los servicios y la Administración pública griega están hoy paralizados por la huelga general con la que los funcionarios protestan contra las medidas de ahorro impuestas por el Gobierno para tratar de sacar al país de la deriva de endeudamiento.

La huelga ha sido convocada por el sindicato de funcionarios Adedy y una central de tendencia comunista que reúnen a unos 500.000 trabajadores.

Si bien los convocantes no han facilitado aún datos del seguimiento, los medios griegos señalan que el país está paralizado por la huelga.

Dos manifestaciones recorrerán hoy el centro de la ciudad, cuyos accesos fueron cerrados ya a primera hora de la mañana.

El paro afecta a todos los centros de enseñanza pública, los ministerios, los aduaneros y la sanidad estatal, cuyos centros hospitalarios cubren servicios mínimos.

Al paro se han unido también los controladores aéreos, lo que ha provocado el cierre completo del espacio aéreo del país balcánico. Desde la media noche, ningún avión ha despegado ni aterrizado en Grecia.

El servicio de trenes no se ha interrumpido, pero sí han sido cancelados varios trayectos, lo que está causando retrasos en algunas líneas.

También están cerradas la Acrópolis de Atenas y los museos y centros arqueológicos griegos, uno de los grandes atractivos turísticos.

La huelga de los funcionarios, la primera de una serie de anunciadas protestas, responde a los recortes económicos del Ejecutivo socialista, que ha puesto en marcha un severo plan de ajuste para tratar de sanear las maltrechas cuentas públicas.

La protesta sindical se dirige sobre todo contra los recortes de hasta el 10 por ciento del gasto público y las bajadas salariales de hasta un 20 por ciento de los sueldos de los funcionarios. Además, el Gobierno quiere congelar la contratación de nuevos empleados públicos.

También protestan contra los cambios del sistema de pensiones, el retraso de la edad mínima de jubilación y la ampliación del período de cálculo para el pago de las pensiones.

Grecia registró el año pasado un déficit del 12,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), más del doble de las cifras iniciales presentadas por el anterior Gobierno y más del triple del máximo impuesto por la eurozona.

Además, la deuda pública supera ya el 120 por ciento del PIB, y los vencimientos de créditos alcanzan este años un volumen de 25.000 millones de euros.