Nueva Rumasa hipotecó en 2008 los activos de Carcesa con el Banco Santander por un importe de 30 millones de euros, de los que cerca de la mitad (14,3 millones de euros) han desaparecido después de ser transferidos en última instancia al Banco Etcheverría.

Así lo refleja el informe de la administración concursal al que accedió ayer Efeagro, en el que se explica que de los 30 millones de euros obtenidos con la hipoteca, 15,1millones se destinaron a cancelar un préstamo de Clesa y 525.000 euros se dirigieron a pagar una serie de gastos.

El resto, 14,31 millones, fueron traspasados de Banesto al Banco Etcheverría, desde donde fueron retirados mediante disposiciones en efectivo que hacen que se pierda la pista de su paradero, según figura en el informe, notificado ayer a los acreedores de Carcesa.

Para conocer los movimientos de fondos realizados en algunas de las cuentas de Carcesa, los administradores concursales tuvieron que enviar un burofax al Banco Etcheverría el pasado 17 de junio para requerirle que enviara los justificantes de las transferencias realizadas desde una de las cuentas. La administración concursal de Carcesa ve "indicios" para considerar a la familia Ruiz-Mateos culpable de la insolvencia de la empresa extremeña, después de detectar que extrajo hasta 54,4 millones de euros en disposiciones en efectivo de cuentas bancarias, sin justificación y con destino desconocido.

Entre otras operaciones sospechosas, el informe también explica que cuando Nueva Rumasa adquirió Carcesa y la empresa Consiber, la tesorería existente en estas compañías (11,7 y 3,3 millones de euros, respectivamente) fue transferida a Banesto y de esta entidad al Banco Etcheverría, de donde se sacó en efectivo desconociéndose el destino de los mismos.

Según el informe, Carcesa realizó desde marzo de 2008 transferencias bancarias a otras empresas del grupo por valor de 57,38 millones de euros, lo que ha llevado a la administración concursal a pedir a los antiguos gestores el pasado 21 de junio que aporten un informe desglosado y detallado de las mismas.

Entre otras operaciones perjudiciales, la administración concursal también refleja en su informe el daño que sufrió Carcesa al constituirse una prenda sin desplazamiento sobre existencias de tomate con el objetivo de garantizar un crédito preexistente con la empresa murciana de envases Mivisa por importe de 10,1 millones de euros. A consecuencia de esa operación Carcesa no pudo disponer de este producto para ponerlo a la venta, lo que ha paralizado la actividad económica de la marca Apis, entre otras referencias.