El pool bancario que negocia con Abengoa el plan de viabilidad de la compañía frenó el jueves la ejecución hipotecaria de la sede de la compañía, Palmas Altas, en Sevilla, con el objetivo final de "alcanzar un acuerdo", según señalaron a Europa Press fuentes cercanas a la negociación.

Según confirmaron estas fuentes, el juez dictó el pasado jueves un auto para iniciar la ejecución hipotecaria de estas instalaciones ante los impagos de la compañía, pero el mismo día el pool bancario solicitó la paralización de todo el proceso "de manera indefinida".

"El objetivo final del pool bancario es alcanzar un acuerdo y el hecho de abrir el proceso sólo tenía que ver con la protección de un derecho colectivo y debía ser a través de esta fórmula jurídica. Pero el objetivo último es alcanzar un acuerdo", apuntaron las fuentes.

Abengoa alcanzó el hace dos días un principio de acuerdo con los bancos acreedores y los bonistas para cerrar su plan de reestructuración. Éste establece sus nuevas necesidades de liquidez en unos 1.200 millones de euros, frente a los 1.500-1.800 millones iniciales, según anunció el presidente de la compañía, Antonio Fornieles, en la junta general de accionistas celebrada el jueves.

Según informaron fuentes de las negociaciones, la inyección de dinero nuevo es de casi 500 millones de euros, a los que hay que sumar 515 millones de euros en los créditos ya inyectados para atender los pagos más urgentes y las nóminas más urgentes, más las comisiones e intereses correspondientes, lo que totalizaría los 1.200 millones anunciados. Asimismo, estas mismas fuentes añadieron que falta por cerrar quiénes se harán cargo de los avales, que son aproximadamente otros 250 millones  de euros.

La intención es que antes del próximo 29 de julio el juez tenga en sus manos la homologación de este acuerdo con al menos el 75% de las adhesiones. 

Con la rúbrica de este acuerdo, Abengoa esquivaría de manera definitiva la amenaza del concurso de acreedores, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla concediera el pasado mes de abril una prórroga de siete meses, hasta el próximo 28 de octubre, para su cierre definitivo.

En el capítulo de reacciones, los sindicatos CCOO y UGT mostraron ayer su deseo de que el preacuerdo sea "el camino" para alcanzar una solución definitiva para la compañía. El secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, que mantuvo contactos con la dirección de la empresa para conocer con detalle las cifras facilitadas en la junta de accionistas, apuntó que la adhesión de los acreedores y bonistas al preacuerdo llega al 40%, pero "Abengoa espera alcanzar el 75% en un tiempo prudencial", lo que supondría la puesta en marcha del plan de reestructuración financiera y el plan de viabilidad.

En este sentido, detalló que las adhesiones que faltan estarían "muy vinculadas a bonistas, que a su vez están muy dispersos, y no tanto a bancos", por lo que la compañía está llevando a cabo un trabajo de concreción con los primeros. También "hay dificultades" por el hecho de que "algunos acreedores, que representan poco en comparación a la deuda global, han interpuesto demandas ante el juzgado de lo mercantil para recuperar su inversión".

Según afirmó Moreno Cerrejón, el preacuerdo "coincide con la línea de CCOO" de que es "necesario inyectar liquidez en la empresa". Este dinero nuevo "llegaría para las nóminas y los proveedores pero también para abordar proyectos y contratos concedidos que requieren avales", subrayó . A nivel nacional, el secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, espera que el preacuerdo alcanzado permita poner en marcha el plan de viabilidad.

Por su parte, el secretario general MCA-UGT-Sevilla, Manuel Ponce, consideró "satisfactoria" la noticia "si al final resulta ser la solución definitiva para el futuro de Abengoa, sobre todo, a nivel de reestructuración financiera". "Esperemos que con ese dinero haya para relanzar la actividad de la empresa y para cortar los despidos", apuntó.