El magistrado Joaquim Bosch (Cullera, 1965) fue secretario y portavoz nacional de Jueces para la Democracia entre 2012 y 2016. Es uno de los jueces más populares de España gracias a sus colaboraciones como experto en temas jurídicos en numerosos medios de comunicación y programas de televisión. Bosch se encuadra en el ala más progresista de la judicatura y ha rechazado ofertas para dar el salto a la política. Junto a Ignacio Escolar, director de Eldiario.es, es coautor de El secuestro de la Justicia (Roca Editorial), que acaba de lanzar su tercera edición.

-¿Es independiente la Justicia en España?

-Yo distinguiría la base de la judicatura formada por jueces que hemos accedido a través de una oposición y no le debemos nuestro cargo a nadie. He actuado en diversos partidos judiciales y nunca he visto que un juez instructor por tener una ideología determinada no persiga a un alcalde corrupto. Los problemas se encuentran en órganos que son copados por las fuerzas políticas a través de cuotas, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.

"Muchos juristas consideramos dudoso que lo ocurrido en Cataluña sea equiparable al 23-F"

-¿En qué se perciben?

-Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha de tomar decisiones de gran relevancia sobre Cataluña. Y se sabe que políticos han llamado a miembros del tribunal a los cuales han llevado ahí a través de pactos. Esto es muy peligroso de cara a la apariencia de imparcialidad, muy peligroso. Al mismo tiempo, el gobierno de la judicatura tiene claras sospechas de contaminación partidista. Eso lo percibimos los jueces y la sociedad.

-¿Y también fuera de España? ¿Esas sospechas podrían explicar el rechazo a las euroórdenes?

-Ahí nos encontramos ante otro problema. Creo que los órganos judiciales de Alemania y Bélgica han considerado que en los hechos del procés no existen indicios de alzamiento violento equiparables a su legislación. En España también somos muchos los juristas que consideramos dudoso que lo ocurrido en Cataluña sea equiparable al 23-F. La rebelión exige una violencia que creo discutible que aquí se haya producido.

-Pero España tampoco es Turquía.

-España no es Turquía, pero hemos sufrido retrocesos en independencia judicial. La reforma de Gallardón dio más facilidades al poder político para controlar la Justicia. Al mismo tiempo, se han dado pasos atrás en libertades y derechos sociales. Y también hay cuestiones por resolver, como el caso de las víctimas del franquismo o qué ocurre con la tumba de Franco o las fosas comunes. No tenemos que conformarnos con no ser Turquía.

-¿Es viable reformular las sentencias del franquismo décadas después?

-Más que reabrir los juicios, se podría declarar su nulidad. Alemania lo hizo con las sentencias del nazismo porque se consideró que habían sido dictadas por tribunales ilegítimos con mecanismos contrarios a los derechos humanos. En España la problemática es muy similar. Se condenó a muerte a miles de personas por sus ideas a través de mecanismos contrarios a los de un Estado de Derecho. Son sentencias que forman parte del ordenamiento jurídico actual y que pueden ser citadas por cualquier jurista. La solución correcta es que sean expulsadas.

-¿Cómo es posible que se tarde prácticamente una década en juzgar un caso como el de los ERE?

-La imagen de lentitud de la Justicia es correcta y enormemente perjudicial. Los procesos no se juzgan en plazos razonables. Cerca de la mitad de los jueces de España están trabajando al 150% y muchos, a más del 200%. Y además, en el ámbito penal hay un problema específico. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX y facilita a las tramas corruptas que se dilaten los procedimientos. Nos encontramos con una combinación de falta de medios y unas leyes inadecuadas.

-¿Debe existir la Audiencia Nacional?

-Su fin predominante era la persecución del terrorismo de ETA, en gran parte porque los jueces del País Vasco estaban amenazados y era una manera de centralizar las causas en Madrid. Con la desaparición de ETA es mucho más discutible que exista porque hay un principio básico del derecho universal que es del juez natural. La causa se adjudica al juez que le corresponda en función del territorio y es mucho más difícil que el poder político actúe sobre él. En cambio, si se centralizan todos los asuntos delicados en un tribunal concreto, hay mucha más facilidad desde el ámbito político para influir. Hay que reflexionar sobre si la Audiencia Nacional debe desaparecer o bien limitarla a cuestiones muy concretas que no generen la capacidad de interferir sobre otros tribunales.

-¿La Justicia sigue siendo un cachondeo, como dijo Pedro Pacheco?

-No recuerdo bien el contexto. Creo que era acerca de unas obras...

-Por la suspensión del derribo del chalé de Bertín Osborne.

-Es verdad. Ya me acuerdo. Yo creo que no. La Justicia en nuestro país resuelve muchísimos problemas que no son noticia precisamente porque hace bien su trabajo. Si hay cerca de 2.000 imputados por corrupción en España es por centenares de jueces que sin apenas medios, están haciendo un gran esfuerzo para perseguirla. La sentencia del caso Gürtel ha provocado un vuelco político sin precedentes. Eso nos demuestra que la justicia, con sus limitaciones, está haciendo un trabajo importante. Otra cosa es que deba fortalecer su independencia y los medios estructurales.