La Audiencia Nacional rechazó intervenir judicialmente Bankia y su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y sustituir el actual equipo gestor por un administrador, como pedían UPyD y el 15-M para evitar una posible destrucción de pruebas.

En un auto conocido ayer, el juez Fernando Andreu, encargado del caso, consideró innecesaria la salida de la actual administración de Bankia y BFA para evitar la continuación delictiva porque es "completamente distinta" a la que estaba al frente de la entidad cuando supuestamente se cometieron los hechos investigados en el caso.

Además, el juez señala que Bankia y BFA son entidades que ya están intervenidas "de facto" por el Estado, tras la entrada en su capital del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El auto subraya que la misión del juzgado es investigar los hechos denunciados y proteger, en la medida de lo posible, a los perjudicados, pero no "realizar actuaciones dirigidas al control de la situación financiera de Bankia" ni "generar confianza en los mercados", como sugirieron los querellantes de este caso.

Así, considera que la intervención judicial no es un instrumento "adecuado" para proteger a los posibles perjudicados (trabajadores y acreedores), ya que su objetivo no es ni evitar la destrucción de pruebas ni garantizar las responsabilidades civiles como se alegó.

Respecto a la actual dirección, el juez apunta que "ninguna de las personas físicas querelladas" se encuentra actualmente en la gestión de las entidades y, de hecho, no se aportó "indicio alguno" de que la actual dirección "pueda seguir cometiendo los hechos denunciados".

La decisión del juez Fernando Andreu coincide con la opinión de los 33 ex directivos acusados y de la propia Fiscalía Anticorrupción, que se opusieron a la intervención judicial de las entidades en la vista celebrada el pasado miércoles al considerarla "una temeridad" que pondría en riesgo al banco y al propio país. Entre los imputados estaban Rato y José Luis Olivas.