Cuixart y Sánchez, en módulos separados y alejados de los presos más famosos

Jordi Sánchez pide a un funcionario de Soto que le cambien de módulo porque otro recluso le gritó: ¡Viva España!

Amnistía Internacional ve "excesivo" encarcelar a Sánchez y Cuixart y exige su libertad

Los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se encuentran en módulos separados en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde ingresaron el lunes por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, y alejados de reclusos famosos.

Según han indicado a Efe fuentes cercanas al centro penitenciario, uno de ellos está interno en el módulo 1 y el otro en el 4, separados de los presos más famosos como Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio González y Gerardo Díaz Ferrán, que se encuentran en otros módulos, como el 8 y el 10.

Cuixart y Sànchez permanecen recluidos en módulos muy tranquilos, con presos primarios, es decir que delinquen por primera vez, con algunos de edad más avanzada o con internos en segundo grado.

A ninguno se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidio y a los dos se les sometió a los trámites habituales que se llevan a cabo para el ingreso en prisión.

El presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sánchez, pidió a un funcionario de la prisión de Soto del Real, que le cambiara de módulo después de que otro recluso le gritase: ¡Viva España!, informaron a Europa Press en fuentes penitenciarias.

Sánchez, al igual que el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, ingresaron en la citada prisión madrileña la noche del pasado lunes por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que les imputa indiciariamente un delito de sedición relacionado con los incidentes que hubo ante la consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña los pasados días 20 y 21 de septiembre.

Jordi Sánchez está ingresado en el módulo cuarto de la prisión, mientras que Cuixart está en el uno. Según las fuentes citadas, Jordi Sánchez se sintió molesto cuando escuchó que otro interno gritaba : ¡Viva España".

Por ese motivo pidió a un funcionario que le cambiará de módulo, a lo que no accedió, explicándole que no correspondía porque no se había producido ningún problema de seguridad para el presidente de la ANC.

Según las fuentes citadas, tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuixart, no portaban sus teléfonos móviles en el momento de llegar a prisión. Asimismo, portaban una pequeña maleta con ropa, rechazando la que le ofrecieron en la cárcel madrileña.

Esta circunstancia de ir preparados ha provocado sorpresa en las fuentes mencionadas, ya que antes de que la juez ordenara su ingreso en prisión, Jordi Sánchez dijo en dos tweets, uno por la mañana y otro tras declarar que pese a que la fiscalía pedía su prisión incondicional, su convencimiento era que si la justicia actuaba, dormiría con los suyos.

Amnistía ve "excesivo" encarcelar a Sánchez y Cuixart y exige su libertad

Amnistía Internacional cree que "son excesivos" los cargos de sedición contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural por las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona y pide que sean excarcelados.

En un comunicado, la ONG asegura que la presentación de cargos contra los dos independentistas por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional "constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica".

Recuerda que, según la jueza de la Audiencia Nacional, "las protestas habrían intentado obstaculizar una operación policial y judicial basada en una orden dictada por un juzgado de Barcelona, que comportó el registro de varios edificios oficiales del gobierno, con el objetivo de impedir la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 1 de octubre, declarado ilegal el pasado 7 de septiembre por el Tribunal Constitucional, y finalmente anulado ayer".

La ONG, que no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referéndum ni su aplicación", manifiesta que la sedición "es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel".

Señala además que la jueza sostiene que los acusados "no se limitaron a convocar una reunión pacífica, sino que actuaron con arreglo a una compleja estrategia y una hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña".

Amnistía Internacional considera que "en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica abarca la posibilidad de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento e individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas".

En este sentido John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional, ha pedido a las autoridades que protejan el derecho de los particulares "a expresar su oposición al fallo del Tribunal Constitucional y a organizar reuniones públicas pacíficas en favor del referéndum".

Reconoce que el derecho internacional de los derechos humanos también permite a los Estados "imponer algunas restricciones al ejercicio de ese derecho con determinados fines legítimos", pero destaca que "deben de ser el instrumento menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado deseado".

A juicio de la ONG, este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, constituirán a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.

Sobre los mensajes publicados en las redes sociales y algunas de las declaraciones de Sánchez y Cuixart, Amnistía Internacional cree que ambos "animaron a los manifestantes a concentrarse delante de los edificios oficiales para impedir una operación policial legal, pero no parece que los animaran a utilizar la violencia".

Considera, por tanto, que tanto "los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no deberían ser atribuidos directa ni indirectamente a ellos en tanto que organizadores de las protestas".