El presidente de Unió Democrática de Cataluña, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró en Santiago de Chile que no piensa dimitir tras la resolución pactada del caso Pallerols, por la financiación irregular de la formación nacionalista. "Por supuesto no pienso dimitir, en su día el partido asumió responsabilidades políticas, expulsamos a quienes hoy están condenados o se dieron de baja voluntariamente y por otra parte abrimos una comisión investigadora, cosa que nadie ha hecho, con personas ajenas al partido", manifestó Duran Lleida en declaraciones a La Tercera Digital. El presidente de Unió Democrática de Cataluña llegó a la capital chilena para participar en un seminario universitario sobre la repuesta del humanismo cristiano a la economía de mercado, y también será recibido este viernes en el Palacio de La Moneda por el presidente Sebastián Piñeira.

"En 2000 manifesté que si hubiese habido una situación irregular yo asumiría responsabilidades, no hay financiamiento irregular y las responsabilidades políticas ya fueron asumidas", declaró. Según Duran Lleida, sus críticos "hablan antes de conocer la sentencia". "A Unió no se le ha acusado en absoluto de financiación irregular del partido, el fiscal dice claramente que en los hechos que sucedieron no teníamos noticia de ello, ni a los acuerdos que pudieran haber llegado los imputados", agregó. "Unió Democrática no está imputada, ni condenada. Si usted tiene un piso y alguien está trabajando en su casa y deja el grifo abierto, usted no hace eso voluntariamente, ni tiene responsabilidad penal, claro que tendrá que pagar, pero es una responsabilidad civil subsidiaria", concluyó el político catalán.

Siguen las críticas y las peticiones de dimisión

En paralelo, PSC e ICV-EUiA han registrado en el Parlamento catalán las peticiones de comparecencia en la Cámara de los consejeros de Presidencia, Francesc Homs, y de Justicia, Germá Gordó, para que expliquen las condiciones en las que se ha producido la resolución judicial del caso Pallerols. Se refieren así al acuerdo judicial por el que UDC aceptó devolver 388.000 euros desviados de subvenciones públicas para la formación de parados por la trama de este caso.

El goteo de críticas al líder de Unió por el caso Pallerols ha continuado dos días después del acuerdo que ha evitado el juicio por financiación irregular de este partido. Los partidos políticos, tanto catalanes como de ámbito nacional, han insistido en pedir la dimisión de Duran, así como explicaciones sobre esta trama de financiación irregular. Incluso el número dos de Duran en el Congreso y portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, ha recomendado a Duran dar explicaciones. "Yo estoy muchas horas al lado del señor Duran. Por tanto, si ahora estuviese a su lado, sí que le aconsejaría que, cuanto antes mejor, saliese y explicase todo aquello que tiene que explicar. Porque creo que puede hacerlo y que puede ser bueno que lo haga", ha dicho Macias antes de que Duran hablase al llegar a Chile.

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha exigido a Duran que responda de un tema que considera de "dimensiones colosales" por el que, en su opinión, debe "cumplir su palabra" y dimitir, petición que ya hicieron los socialistas catalanes. En cambio, desde el PSOE, la actitud es de cierta prudencia y han evitado hablar de dimisiones. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, cree que Duran está "tardando en dar la cara" y ha incidido en que es "muy urgente" que lo haga "lo antes posible". Por su parte, el alcalde de Toledo y secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, ha dicho tener la "sensación" de que el líder de UDC dimitiría cosa que, finalmente, no ha sucedido.

Por su parte, el PPC, partido que el miércoles ya pidió la dimisión de Duran, ha alertado de que, en caso de no asumir responsabilidades, perderá "autoridad moral". El portavoz de los populares en el Parlamento, Enric Millo, cree que el dirigente democristiano tendría que dimitir para "dar ejemplo" y por una cuestión de "regeneración democrática". Los mismos argumentos son los que ha empleado el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago. Para el popular, es una cuestión de "salud democrática".