El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el acto convocado en Durango (Vizcaya) por los presos etarras excarcelados por el fin de la doctrina Parot es "repugnante", porque si finalmente se celebra participarán terroristas "sin el más mínimo arrepentimiento". Preguntado sobre la convocatoria de los presos etarras excarcelados recientemente, el ministro ha asegurado que la prohibición o no de este acto está ahora en manos de la Audiencia Nacional.

Lejos de consideraciones jurídicas, Fernández Díaz ha calificado de absolutamente "repugnante" este acto que pretende celebrarse en un antiguo matadero por personas con "muchos crímenes y dolor a sus espaldas" que, si bien están libres, en ningún momento se han arrepentido de los crímenes, no se han desvinculado de ETA y no han pedido perdón. Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido informes a la Policía y la Guardia Civil sobre este acto después de haber recibido la documentación que solicitó a la Ertzaintza.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo en la convocatoria del acto de los presos etarras, pero ha pedido al juez encargado, Santiago Pedraz, que esté vigilante ante cualquier acción que pueda ser delictiva. Fuentes jurídicas han informado de que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha considerado que tras los informes de la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza, no hay datos objetivos de que la convocatoria constituya un acto de enaltecimiento del terrorismo. Entre los argumentos que esgrime Alonso para llegar a esta conclusión, figura el hecho de que se celebre en un lugar cerrado, que haya sido convocado por el colectivo de presos EPPK y que haya sido un particular el que haya solicitado el alquiler del local.

Interior respetará la decisión judicial, a cuyas órdenes están las fuerzas de seguridad, pero si finalmente se celebra el acto, los agentes estarán pendientes de todo lo que suceda y vigilarán cualquier acción susceptible de considerarse un delito para ponerlo en conocimiento de la Audiencia Nacional. Preguntado si la presencia de representantes de Bildu y Sortu en el acto y su eventual participación en acciones de enaltecimiento del terrorismo conllevará la petición de su ilegalización, Fernández Díaz se ha remitido al decálogo de las líneas rojas que no deben sobrepasar si quieren mantenerse en la actual situación. De todos modos, ha explicado que cualquier posible ilegalización debe pasar por la Sala 61 del Tribunal Supremo, ha insistido en que en un Estado de Derecho hay que ser muy escrupuloso y ha reiterado que "legalidad no significa impunidad". Y ha advertido: "El contador hace tiempo que dejó de estar a cero".

Se ha referido también a la decisión de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, de investigar a petición de la asociación Dignidad y Justicia el modo en el que se está aplicando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anuló la doctrina Parot. Fernández Díaz ha expresado su respeto por las iniciativas de las instituciones y ha señalado que, tal y como ya manifestó el Gobierno, la valoración jurídica del fallo correspondía a la Audiencia Nacional en el caso de los terroristas y a las audiencias provinciales para el resto de presos beneficiados.

Estos órganos lo han analizado jurídicamente y han aplicado la sentencia sobre una doctrina que, ha enfatizado el ministro, el Gobierno consideraba justa y por eso recurrió el fallo de la primera instancia. "Magníficamente" defendido por el abogado del Estado, Fernández Díaz ha recalcado que si no se hubiera presentado este recurso hace año y medio que las excarcelaciones se hubieran producido. Y ha sentenciado: "Acatamos pero discrepamos".

El comunicado de los presos no cambiará la política penitenciaria

Fernández Díaz ha dejado claro que el comunicado del colectivo de presos de ETA, el EPPK, no cambiará la política antiterrorista del Gobierno en general, ni la política penitenciaria en particular ni la de dispersión. Y como ha reiterado en muchas ocasiones, ha insistido en que el único comunicado que espera es el de la disolución definitiva de la banda terrorista.

"La agenda del Gobierno no va a estar pendiente de los comunicados de propaganda, teatralización y escenificación que ETA y sus presos decidan en cada momento", ha asegurado el ministro antes de apostillar que el comunicado del sábado no cambia para nada ni la política antiterrorista, ni la penitenciaria ni la de acercamiento. Tras dejar claro que en España no hay presos políticos ni vascos, ni andaluces, ni canarios, Fernández Díaz ha opinado que el comunicado no tiene ningún valor como tampoco las "instancias fotocopiadas" de éste que los etarras puedan ir remitiendo como petición para conseguir beneficios penitenciarios.

Porque, tal y como ha subrayado, la responsabilidad penal es individual y mientras ETA no se disuelva y los presos no renieguen de forma "pública, clara y evidente" de la banda, la declaración del sábado no tendrá ningún efecto ni virtualidad. "Eso y nada es lo mismo", ha enfatizado en alusión al comunicado. "La ley y nada más que la ley es la referencia", ha añadido el titular de Interior, que no tiene conocimiento de que se hayan presentado peticiones de presos para acceder a esos beneficios, para los que ha recordado que es necesario pedir perdón, arrepentirse, desvincularse de ETA y colaborar con la Justicia para esclarecer los crímenes.

Fernández Díaz ha ironizado sobre el contenido del comunicado y ha dicho: "Que causaron mucho daño, pues muchas gracias" por reconocerlo. Ha aprovechado también para reiterar a las víctimas del terrorismo el compromiso del Gobierno con ellas y con la lucha contra la banda terrorista hasta su desaparición.