El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, remitir a las Cortes el proyecto de ley sobre la reforma de las tasas judiciales, que contempla una subida generalizada de las mismas de entre 50 y 750 euros.

Con esta medida, incluida en el paquete de reformas anunciado por Ruiz-Gallardón para agilizar y hacer más eficaz el trabajo de los tribunales, se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se le reconoció la asistencia gratuita por carecer de recursos.

El Ministerio de Justicia calcula que los ingresos anuales por la recaudación de las nuevas tasas judiciales ascenderán a 306 millones de euros frente a los 164,4 millones de euros que se recaudaron en 2011 por el mismo concepto.

En un comunicado, Justicia recuerda que para emprender esta reforma tuvo en cuenta la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, según la cual la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que presta la Administración de Justicia, y en ningún caso superará dicho coste señalado.

La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden civil y contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, quedando también excluido el orden penal.

También se introduce una nueva tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de productos químicos.