España

Montero sortea en su estreno como portavoz el revuelo del CGPJ

  • El Gobierno da por bueno el aval al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado

  • Tiende la mano al Partido Popularpara la renovación de los órganos judiciales

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, flanqueada tras el Consejo de Ministros por Isabel Celaá e Irene Montero. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, flanqueada tras el Consejo de Ministros por Isabel Celaá e Irene Montero.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, flanqueada tras el Consejo de Ministros por Isabel Celaá e Irene Montero.

El revuelo político-judicial por las críticas de Pablo Iglesias a la Justicia española, "humillada" por la europea, y la polémica por la propuesta del Gobierno para que Dolores Delgado sea la nueva fiscal general del Estado, que se cerró el jueves con el aval dividido del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la ex ministra de Justicia, centraron este viernes el estreno como portavoz del Ejecutivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien quiso pasar página en todo este revuelo.

De hecho, la política sevillana adelantó que llamará de inmediato al Partido Popular para proceder a la renovación del CGPJ, uno de los temas candentes en La Moncloa y que la formación de Pablo Casado está dejando correr pese a que llevan más de un año en funciones los jueces que conforman el órgano.

"Delgado cumple todos los requisitos y respetó de ministra de forma escrupulosa a la Fiscalía”, aduce Montero

La portavoz no quiso comentar el debate que suscitó en el seno del CGPJ la propuesta de Delgado como fiscal general del Estado y se limitó a poner en valor que el informe preceptivo que emitió este órgano avalaba que la candidata propuesta cumplía "todos los requisitos legales". Montero subrayó que la ex ministra, en su etapa al mando de Justicia, respetó de manera "escrupulosa la independencia de la Fiscalía" y va a seguir manteniendo la misma actitud, vaticinó.

La ministra de Hacienda anunció que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene previsto llamar al PP para negociar la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional (TC). En su primera rueda de prensa como portavoz del Ejecutivo tras un Consejo de Ministros extraordinario, Montero reprochó a Pablo Casado que afirme "sin pudor" que va a ejercer su mayoría para bloquear la renovación de los organismos constitucionales que le corresponde renovar al Parlamento, entre las que incluyó al CGPJ, el TC y el Defensor del Pueblo.

Por ello, hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de los populares y anunció que les van a tender la mano para alcanzar los acuerdos de Estado necesarios. "Los llamaremos de inmediato para renegociar, para intentar plantear la negociación fundamentalmente en los órganos que acabo de mencionar", incidió.

Esta misma semana, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, confirmó que "no hay posibilidad de acuerdo" con el PSOE para proceder a la renovación de los órganos institucionales. Según subrayó, el PP no va a "ser cómplice" del control del Poder Judicial como, a su juicio, pretende el nuevo Ejecutivo de coalición.

Montero, en cambio, insistió en tender la mano al PP y advirtió de que tras pretender bloquear la formación del nuevo Gobierno, no puede ahora perseguir el bloqueo de la renovación de otros órganos constitucionales. "Esas actitudes son de no respeto a los resultados electorales".

El PP insiste en cambiar la elección del Poder Judicial

El PP no responderá al reto que el jueves lanzó el pleno del CGPJ para forzar la renovación de la institución, dado que mantiene su apuesta por cambiar el sistema de elección de los vocales que lo integran. Fuentes del PP explicaron la postura del partido tras la decisión del órgano de gobierno de los jueces, a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, de no hacer nuevos nombramientos hasta que se renueve su composición, tarea pendiente desde diciembre de 2018 y para lo que se necesita una mayoría parlamentaria de tres quintos.

Asimismo, el PP presentó una reforma legal con el objetivo de impedir a los políticos que hayan ejercido cargos públicos o de partido ocupen el cargo de fiscal general del Estado y evitar así que vuelvan a repetirse casos como el de Delgado. Su secretario general, Teodoro García Egea, hizo este anuncio, de manera que se prohíba a cualquier cargo "político o electo" ser designado fiscal general, al menos sin que haya transcurrido un tiempo prudencial desde su salida de la política, que podría situarse en cuatro años.

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