Oleguer Pujol admitió ayer que su padre Jordi Pujol erró al no renunciar en 1980, cuando ya era presidente de la Generalitat, al supuesto legado que su progenitor Florenci dejó a sus nietos, y reconoció que siempre han tenido el "debate ético" sobre si tenían que regularizar o no esa fortuna.

En su comparecencia en la comisión del Parlament que investiga la fortuna oculta de los Pujol, Oleguer Pujol indicó que conoció la existencia de este legado en 1990, cuando alcanzó la mayoría de edad, y que en 1992 abrió una cuenta en Andorra con un "saldo expectante" de 62 millones de pesetas.

El hijo menor del ex president precisó que, aunque eso correspondería responderlo a los gestores del supuesto legado, este se distribuyó a partes iguales entre su madre, Marta Ferrusola, y los siete hermanos.

Oleguer y su hermano Josep Pujol desvincularon ayer sus negocios e inversiones del patrimonio de su familia y negaron haber aprovechado la figura de su padre para obtener beneficios y contratos de la Administración Pública.

Ambos, junto a su hermana Mireia -que se negó a declarar-, cerraron ayer la ronda de comparecencias de su familia ante la comisión del Parlament que investiga el origen de la fortuna que los Pujol mantuvieron oculta en el extranjero, un asunto del que no dieron más detalles aduciendo que ya está "totalmente explicado".

Tanto Oleguer, imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional, como su hermano Josep -el único de los siete hermanos que no tiene causas abiertas- aseguraron que, en relación con el legado, están al día con Hacienda, aunque solo el primero de ellos aclaró que regularizó sus fondos de Andorra acogiéndose a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno del PP.

Por el contrario, su hermano Josep, que declaró por videoconferencia desde Estados Unidos, donde está afincado, no quiso despejar las dudas sobre las circunstancias en que repatrió su parte del supuesto legado: "No diré si me acogí o no a la amnistía. Quizá lo regularicé antes".

Oleguer Pujol, que fue detenido el pasado mes de octubre por la Policía Nacional, aseguró que los casi 3.000 millones de euros que ha movido en las operaciones inmobiliarias que investiga la Audiencia Nacional no le pertenecen, ni a él ni a su familia, sino que son de fondos institucionales e inversores internacionales de prestigio.