El PSOE y Junts han cerrado un acuerdo sobre la amnistía, que permite desencallar la investidura de Pedro Sánchez, según han confirmado a EFE fuentes de la negociación.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont comparecerá este jueves ante los medios para dar detalles de la negociación del acuerdo, que según las fuentes consultadas incluye algunos casos de "lawfare" (judicialización de la política) que implican, según denunció el propio Puigdemont, un "uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes".

Dirigentes de la cúpula de Junts se han desplazado a Bruselas para acompañar a Puigdemont, entre ellos Jordi Turull, Albert Batet, Josep Rius, David Saldoni o David Torrents, aunque no estarán todos los miembros del secretariado permanente del partido, ya que hoy hay pleno y, por ejemplo, tanto Anna Erra –presidenta de la cámara– como Aurora Madaula –miembro de la Mesa– deben permanecer en Barcelona.

El anuncio confirma las previsiones de que este jueves cristalizaría el acuerdo para la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez.

El acuerdo llega después de días de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance.

El objetivo era asegurar que la ley no tuviera fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional.

Así, las citadas fuentes han explicado que está previsto presentar la ley de amnistía durante la próxima semana. Fuentes socialistas han asegurado que siguen hablando con el equipo negociador de Junts y que lo seguirán haciendo "durante toda la noche". 

Negociaciones

Aunque las negociaciones con Junts arrancaron hace tiempo, se aceleraron tras el acuerdo anunciado entre los socialistas y ERC la semana pasada, que contemplaba una ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalies y una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15.000 millones de euros.

El mismo día en que se anunciaba dicho acuerdo, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont convocó a la cúpula de Junts en Bélgica y entonces parecía que el acuerdo de Junts con el PSOE estaba cerca, pero no fue así.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se desplazó hace días hasta Bruselas para intentar cerrar el acuerdo lo antes posible, dado que los socialistas querían celebrar el pleno de investidura a lo largo de la presente semana.

Sin embargo, la negociación y el intercambio de documentos se ha alargado hasta ahora porque Puigdemont no estaba dispuesto a ceder en determinadas cuestiones, entre las cuales está el hecho de que la amnistía incluyera a los afectados por el caso Volhov, que investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista.

Alay, Boye y Borrás

Uno de los afectados en ese caso es el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, pero también querían que la amnistía incluyera otros nombres, como el de su abogado, Gonzalo Boye, y el de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs.

También pedían la figura de un "mediador internacional" e ir más allá así del verificador acordado entre socialistas y republicanos, con presencia en una mesa de partidos y no en la mesa de negociación entre gobiernos.

Ambas partes se han visto abocadas a una negociación antes de que terminara el plazo que conllevaría el escenario de una repetición electoral –27 de noviembre–.