El PSOE y el PP han acordado la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, y han pactado además el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas, además de situar a Ángel Gabilondo como futuro Defensor del Pueblo.

Fuentes del PSOE y del PP han hecho un anuncio conjunto de los nombres que renovarán estas tres instituciones y la Agencia de Protección de Datos, un pacto que sin embargo no alcanza el Consejo General del Poder Judicial, donde ambos mantienen posturas alejadas: el PP pide un cambio en el método de elección y los socialistas quieren mantener el sistema vigente.

Según han informado fuentes parlamentarias, está previsto que estos nombramientos se voten en el Pleno del Congreso el próximo 10 de noviembre.

Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales; Concha Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, son los nombres que renovarán el Tribunal Constitucional, del que salen cuatro miembros, incluido su actual presidente.

En un texto compartido, tanto el PP como el PSOE ha destacado que todos los nombres propuestos son "de consenso" y "profesionales de prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional".

PSOE y PP han dado a conocer los doce miembros que renovarán también el Tribunal de Cuentas y que son los de Enriqueta Chicano Jávega, consejera del Tribunal de Cuentas; Isabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la UCM; Dolores Genaro Moya, también consejera de este Tribunal; Elena Hernáez Salguero, expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid, y Diego Íñiguez Hernández, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo.

La lista la completan Rebeca Laliga, subdirectora General del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia; José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil; Joan Mauri Majós, profesor de Derecho Administrativo Universidad de Barcelona; Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada; Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla, abogado del Colegio de Vizcaya; Mª Luz Rodríguez Rodríguez, gerente tributaria de la Diputación de Barcelona y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

Socialistas y populares han optado además por la catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia Belén Cardona para dirigir la Agencia de Protección de Datos, mientras que Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital, será su adjunto.

Además, como ya había trascendido, Ángel Gabilondo, ex ministro de Educación y portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta las elecciones de mayo, será el Defensor del Pueblo y tendrá como adjunta primera a la diputada del PP y víctima de ETA María Teresa Jiménez Becerril.

Reacciones de los partidos

El PP ha expresado su satisfacción porque se ha conseguido que entre los propuestos no haya políticos ni ex políticos, como destaca, había pedido su líder, Pablo Casado.

La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, ha celebrado un pacto que alcanza también el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos y que a juicio del PP está encaminado al "reforzamiento" de las instituciones, una "buena dirección" y uno de los pilares fijados por Casado para el proyecto del PP.

La portavoz del PP en la Cámara Baja ha afirmado además que "Podemos no ha formado parte de este acuerdo" y que han negociado "única y exclusivamente con el PSOE, sin necesidad como no puede ser de otra manera del aval de nadie".

No obstante, algunas fuentes próximas a Podemos, sitúan en su órbita al vocal del Tribunal Constitucional Juan Ramón Sáez, y al del Tribunal de Cuentas Luis Antonio Ortiz de Mendívil Zorrilla.

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha aplaudido el acuerdo y confía en cerrar "lo antes posible" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a hacerlo conforme al sistema de elección vigente. "Se ha demostrado que cuando hay voluntad y propósito de negociación se pueden alcanzar los objetivos", ha afirmado.

El objetivo ahora, ha añadido, es "avanzar" con la renovación del CGPJ "lo antes posible" para así "cumplir con el mandato constitucional" y "acabar con esta anomalía" en el órgano de gobierno de los jueces, pendiente de renovación desde diciembre de 2018. "Queremos un poder judicial actualizado", ha añadido el portavoz socialista, que ha insistido en la voluntad del PSOE de renovar el CGPJ "conforme a la ley en vigor".