La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, denunció públicamente que "dejar sin cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles sitúa al PP de Rajoy más cerca de Le Pen que de Aznar", según han informado fuentes socialistas en un comunicado. 

Rosique recordó que el Gobierno de Rajoy ha dado un paso más en la eliminación de derechos, al acordar en el Consejo de ministros acabar con las prestaciones sanitarias de los inmigrantes en situación irregular y anunciar que ya no será suficiente con estar empadronado para poder acceder a las mismas.

"Con esta decisión, Rajoy se carga el derecho contemplado en la Ley de Extranjería, aprobada por el Gobierno de Aznar en 2000, siendo Rajoy ministro. Dicha ley concedía a todos los inmigrantes empadronados, el acceso a la sanidad pública, aunque no tuvieran regularizada su situación", subrayó.

Rosique manifestó que esta decisión "es una muestra más de la diferencia entre lo que Rajoy dijo antes de las elecciones y lo que está haciendo ahora que gobierna". Evidenció que el año pasado, el presidente llegó a decir "que los inmigrantes no necesitaban ni siquiera estar empadronados para poder acceder a la educación y la sanidad, pues tenían derecho a ello por el mero hecho de ser seres humanos. Ahora hace todo lo contrario de lo que dijo en campaña".

El derecho de los inmigrantes empadronados a la protección de la salud está recogido en diversas leyes estatales y regionales como la Ley 14/1986 General de Sanidad, la Ley 4/1994 de Salud de la Región de Murcia; en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la  Ley 3/2009 de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia. "Todo esto se lo quiere cargar Rajoy", advirtió.

Asimismo, añadió que todos los inmigrantes que están empadronados computan para la financiación autonómica. "La Región recibe dinero del Estado por todos los ciudadanos empadronados, sean nacionales o inmigrantes, tengan papeles o no, dinero que sirve, entre otras cosas, para financiar la sanidad. La pregunta es: ¿Se les piensa privar de esas prestaciones pero vamos a seguir cobrando por ellos? Además, estos ciudadanos pagan impuestos como el IVA en todo lo que consumen, así como tasas municipales". 

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera, "que una cosa es acabar con el turismo sanitario, impedir el abuso de los servicios sanitarios y controlar los ingresos que nuestro país debe recuperar y el coste de los servicios a los extranjeros comunitarios que atendemos, y otra muy distinta, es dejar sin protección sanitaria a los inmigrantes sin papeles, carentes de recursos, que vienen a nuestro país a buscar trabajo y no a aprovecharse de nuestra sanidad".