España

El Parlamento aprueba reclamar compensaciones para el sector

  • Demanda al Gobierno que tome medidas para garantizar la actividad pesquera en la bahía

El Parlamento andaluz aprobó ayer por unanimidad una proposición no de Ley en la que se demanda a las administraciones públicas medidas para compensar a los pescadores andaluces por las pérdidas ocasionadas como consecuencia del conflicto con las autoridades de Gibraltar.

En la iniciativa, propuesta por el PSOE-A, se demanda que el Parlamento muestre su apoyo y solidaridad con los pescadores en sus reivindicaciones y denuncias "por el hostigamiento que vienen sufriendo por parte de las autoridades gibraltareñas en el desarrollo de su actividad".

Asimismo, el grupo socialista pide que se inste a la Junta para que demande al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de las actividades pesqueras en la zona, con las mínimas garantías de seguridad y eficiencia, como la venían ejerciendo hasta las fechas anteriores a los incidentes registrados. El PSOE-A también quiere que el Ejecutivo de la Nación tome cuantas iniciativas de política internacional sean necesarias, para recuperar el clima de diálogo y cooperación en la zona, sin renunciar a los legítimos derechos en materia de soberanía y de seguridad.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el grupo socialista recordó que el territorio de Gibraltar fue cedido al Reino Unido en 1713 por el Tratado de Utrecht, en el marco de la Guerra de Sucesión Española, sin que se reconociera en el mismo ninguna jurisdicción sobre las aguas.

Los socialistas lamentaron que entre 2009 y 2011 se hayan repetido los encontronazos entre buques de la Marina Real Británica, la Guardia Civil y la Policía Naval Gibraltareña en la zona marítima de conflicto, las aguas situadas a menos de tres millas de la costa gibraltareña, sobre las cuales España y el Tratado de Utrecht no reconocen la soberanía británica.

Según el PSOE-A, los desencuentros por la falta de acuerdo sobre la cooperación en materia fiscal, de calidad ambiental y narcotráfico, se han sumado en los últimos meses el hostigamiento a los barcos de pesca españoles que operan desde La Línea y Algeciras, en la provincia de Cádiz.

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