El juez que investiga el caso Pegasus ha preguntado a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Defensa, Margarita Robles, si van a acudir en persona a la Audiencia Nacional para testificar o si optarán por la videoconferencia o por la declaración por escrito.

Esta última fue la vía que escogió el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que contestó a las preguntas del juez José Luis Calama y de la Fiscalía el pasado mes de julio acogiéndose al privilegio procesal establecido a favor de los miembros del Gobierno.

Después de que el Ejecutivo le contestase que no hay ningún documento secreto que desclasificar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha dado cinco días a Grande-Marlaska y Robles para que comuniquen la forma en la que desean prestar declaración antes de señalar el día y la hora en que deberán hacerlo.

El juez investiga en esta causa la infección, a través de Pegasus, de sus móviles, el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del titular de Agricultura, Luis Planas.

Grande-Marlaska y Robles podrán declarar, según recuerda el juez en su auto, de forma presencial, a través de videoconferencia por razones de utilidad, seguridad o de orden público, o por escrito, como prevé la ley para miembros del Gobierno.

Cuando el magistrado acordó tomarles declaración, los ministros manifestaron que su intención era testificar por escrito, algo que ahora deberán comunicarle formalmente al juez.

El magistrado acordó entonces dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasificase los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios.

Sin embargo, el pasado 24 de agosto, el Gobierno comunicó que, en relación a los hechos investigados, "los informes realizados por el CNI no contienen elemento alguno que se encuentre clasificado ni como secreto ni como reservado, pues se trata de documentos cuyo contenido no compromete la seguridad del Estado, ni las fuentes, medios y procedimientos del Centro Nacional de inteligencia."

En el auto dictado este miércoles, Calama también acuerda librar un recordatorio a las autoridades judiciales de Israel donde reclama una respuesta a la comisión rogatoria emitida el pasado 5 de mayo a fin de requerir a la empresa NSO GROUP, propietaria del software Pegasus, que emita informe sobre diversos aspectos "esenciales" para la investigación de los hechos.

Dicha solicitud, que no ha obtenido respuesta, fue ampliada, recuerda el juez, el 5 de junio para que las autoridades judiciales israelíes autorizasen el desplazamiento de la comisión judicial al país, con el objetivo de practicar la declaración testifical sobre los hechos expresados en la comisión rogatoria inicialmente emitida.