Esquerra Unida (EU-IU) solicita provisionalmente sendas penas de 10 años de prisión para los ex alcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por amañar presuntamente el diseño urbanístico de la ciudad en favor del empresario Enrique Ortiz, para el que reclama 13 años.

Así consta en el escrito de acusación presentado por este partido por la supuesta trama de corrupción vinculada a la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una de las piezas derivadas del llamado caso Brugal.

EU, que ejerce la acción popular en el procedimiento, acusa a los dos ex alcaldes de tres delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias, por los que solicita, además de los 10 años de cárcel, otros 19 de inhabilitación para cargo o empleo público.

Además, el escrito, al que tuvo acceso Efe, recoge que Castedo cometió también un delito continuado de prevaricación por el que debería ser inhabilitada otros 10 años.

En cuanto a Enrique Ortiz, EU le acusa de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias y pide para él 13 años de cárcel.

Los tres acusados se enfrentan igualmente a peticiones de multas que sólo por el delito de tráfico de influencias alcanzan los 42.100.911 euros, una cantidad equivalente al "beneficio perseguido" con el supuesto amaño del plan urbanístico. Por esta causa serán juzgados otros seis procesados.