Pilar Cernuda
La mayor corrupción jamás conocida
El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado por la tarde para concretar su imputación.
En un auto, fechado el martes y al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. A los tres los cita este sábado a las 18:00, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para "concretar la imputación" contra ellos, según el auto, que puede ser recurrido.
La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos contra decisiones del juez Peinado, tanto en lo relativo a esta pieza separada de malversación, como a su investigación principal, que discurre al margen, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
La decisión del juez Peinado representa un hito sin precedentes en la historia política española, al ser la primera vez que la cónyuge de un presidente en ejercicio se enfrenta a un proceso judicial de estas características. El procedimiento del jurado popular implica que ciudadanos seleccionados aleatoriamente serán los encargados de determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.
El Tribunal del Jurado es una institución judicial que permite la participación ciudadana en la administración de justicia. Se compone de nueve jurados titulares y dos suplentes, presididos por un magistrado de la Audiencia Provincial. Este tribunal conoce de determinados delitos establecidos por ley, entre los que se incluyen algunos contra la Administración Pública.
¿Cuándo se celebrará el juicio? La fecha exacta del juicio aún no ha sido determinada, aunque la primera comparecencia está prevista para el próximo sábado 27 de septiembre. El proceso podría extenderse durante varios meses, siguiendo los procedimientos habituales en casos de esta naturaleza.
¿Qué penas contempla el delito de malversación? El Código Penal español establece penas que pueden oscilar entre los 2 y 6 años de prisión para los casos de malversación, además de inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de 6 a 10 años.
¿Cómo afecta este proceso al Gobierno?La situación genera un precedente histórico en la democracia española y podría tener importantes implicaciones en la estabilidad del actual Gobierno, aunque por el momento el Ejecutivo no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.
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