España

La detención de Puigdemont pone punto final a cinco meses de escapada

  • El ex 'president' fue arrestado por la Policía alemana tras cruzar la frontera desde Dinamarca en una operación coordinada por el CNI

  • El juez tiene 60 días para acordar su extradición

Una furgoneta de la Policía alemana conduce a Puigdemont a comisaría tras su detención. Una furgoneta de la Policía alemana conduce a Puigdemont a comisaría tras su detención.

Una furgoneta de la Policía alemana conduce a Puigdemont a comisaría tras su detención. / presse nord flensburg / efe

La gira europea del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española desde finales de octubre, tocó ayer a su fin. El líder independentista fue detenido en Alemania 48 horas después de que se reactivara la euroorden en una operación coordinada por los servicios de Inteligencia española. Los agentes arrestaron a Puigdemont en una gasolinera minutos después de las once de la mañana nada más entrar en territorio alemán, procedente de Dinamarca.

Tras un breve paso por una comisaría local, fue trasladado a la cárcel de Neumünster, en el Estado federado de Schleswig Holstein y a unos 40 kilómetros de su capital, Kiel, donde pasó la noche a la espera de comparecer hoy mismo ante el Tribunal Administrativo de este Estado federado. El cometido de esta comparecencia, entre otras formalidades, es el de comprobar la identidad del detenido. Un juez tiene que determinar, asimismo, si pasa de arrestado a detenido, en ese caso en una prisión a la espera de que se decida sobre la petición de extradición de la Justicia española, una decisión que es competencia exclusiva de la Fiscalía General de Schleswig. El plazo máximo para decidir y eventualmente ejecutar su entrega a España es de 60 días a partir de la fecha de la detención, independientemente de los recursos que puedan presentarse contra ésta.

El Código Penal alemán tipifica el delito de alta traición con una pena mínima de diez años

Los acuerdos de extradición entre ambos países son más cortos que entre otros estados miembros de la Unión Europea, fruto de las estrechas relaciones entre dos países que se reconocen como fuertes aliados. Al margen de esa estrecha cooperación en el ámbito jurídico, el Gobierno de Angela Merkel ha respaldado reiteradamente la posición del de Mariano Rajoy respecto al soberanismo catalán y, en esa línea, no reconoció la declaración unilateral de independencia impulsada aún con Puigdemont en la Presidencia de la Generalitat.

De acuerdo con el sistema federal alemán, la decisión sobre la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE, euroorden) compete exclusivamente a la Justicia del Estado federado en que fue detenido y no a la Fiscalía federal, con sede en Karlsruhe. La detención se produjo gracias a la cooperación entre la Policía Federal alemana (BKA) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, tras detectarse que el líder independentista, que hasta el viernes estuvo en Finlandia ofreciendo unas conferencias, viajaba en coche junto con otros acompañantes por Dinamarca en dirección a Alemania con la intención de llegar a Bélgica.

Según el diario local Kieler Nachrichten, Puigdemont se plantea pedir asilo en Alemania, petición que, de materializarse, tiene escasas posibilidades de prosperar, añade ese mismo rotativo, ya que la orden de detención europea tiene prioridad sobre la solicitud de asilo. "En el caso de que lo haga, la solicitud de asilo deberá ser analizada por la Oficina Federal de Migración (BAMF) como cualquier otra solicitud", declaró un portavoz del Ministerio de Interior regional de Schleswig-Holstein. Su titular, Hans-Joachim Grote, alabó, por su parte, a la Policía por el exitoso arresto de Puigdemont en base a la orden de detención europea.

De acuerdo con el rotativo, las autoridades de seguridad de Finlandia informaron el sábado por la noche a la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) del viaje en coche de Puigdemont. La BKA encomendó la detención a la oficina regional del Estado federado del norte de Alemania. En la operación policial participaron fuerzas especiales de la Policía regional y también miembros de la Policía federal de Alemania.

El procedimiento para el análisis y eventual ejecución de la euroorden por parte de la Fiscalía alemana suele demorarse una media de entre quince y 45 días, pero el límite máximo está en los mencionados 60 días. El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, partió ayer hacia Bruselas para seguir desde ahí a Hamburgo y poner en marcha el equipo jurídico que lo va a defender en Alemania, indicó el propio letrado en su cuenta en Twitter.

El Código Penal alemán no tiene tipificado como tal el cargo de rebelión que le imputa la Justicia española, pero sí el de alta traición, que en el artículo 81 del Código Penal contempla una definición similar. Se prevén ahí penas de cárcel "de no menos de diez años" o "hasta cadena perpetua" -lo que en Alemania equivale a un máximo de 25 años- para "quien menoscaba con violencia o amenaza de violencia" al Estado alemán en su conjunto o amenaza "el orden constitucional" de la República Federal de Alemania.

La noticia de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había reactivado la euroorden contra él por rebelión y malversación de fondos, entre otros cargos, la recibió Puigdemont el viernes en Helsinki. Su plan inicial era regresar vía aérea a Bruselas el sábado, pero finalmente optó por partir la misma noche del viernes desde la capital finlandesa, supuestamente, para ponerse a disposición de la Justicia belga.

La decisión de Llarena de reactivar la euroorden complica la situación del resto de fugados. La Policía de Escocia contactó ayer con el abogado de la ex consejera de Educación, Clara Ponsatí, para detenerla en aplicación de la orden de detención dictada por el magistrado del Supremo. Las autoridades policiales escocesas aseguran que han realizado averiguaciones para tratar de localizarla, y su abogado ha contactado con ella y "está haciendo gestiones para que se entregue". Ponsatí anunció el 10 de marzo que abandonaba Bélgica y se reincorporaba a la Universidad escocesa de Saint Andrews.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, admitió ayer que Edimburgo está "obligado a seguir el debido proceso" en cuanto a la euroorden, aunque expresó su rechazo al "arresto y prisión" de políticos relacionados con el proceso independentista. "El hecho de que nuestro sistema judicial esté legalmente obligado a seguir el debido proceso en lo relativo a la petición de extradición no cambia nuestro punto de vista", indicó Sturgeon en un comunicado. Como miembro de la UE, el Reino Unido participa desde 2004 en el programa de Orden Europea de Detención y Entrega, que reemplazó al sistema de extradición entre los países comunitarios.

"Sé que muchos desearían que el Gobierno pudiera hacer algo más al respecto y lo entiendo", indicó en su cuenta oficial de la red social Twitter, donde explicó que "se contempla el derecho de oposición individual a la extradición en los tribunales y es vital que se proteja la integridad del proceso".

Entretanto, el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció anoche que hoy tendrá los primeros contactos con partidos, sindicatos y entidades de la sociedad civil para articular un "frente común por los derechos y libertades", para "salvar la democracia". En un mensaje institucional difundido a través de TV3, Torrent subrayó que "la causa de la democracia está por encima de cualquier interés" y añadió: "Pongamos unidad, inteligencia colectiva, aparquemos discrepancias, construyamos esperanzas". Según Torrent, son "los momentos más oscuros de la democracia y los derechos fundamentales en Cataluña y en el conjunto del Estado español desde 1978", dado el actual "contexto de involución democrática sin precedentes".

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