Dimite el fiscal general del Estado tras ser condenado por el Tribunal Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños. La decisión llega tras ser condenado por un delito de revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En la misiva, el ya ex fiscal general afirma que su renuncia es un acto “debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”.

El Tribunal Supremo adelantó el fallo el pasado jueves, aunque la sentencia completa aún no está redactada. Hasta ahora solo se ha hecho público un párrafo en el que se establece: “Debemos condenar y condenamos a García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, del artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años”.

A continuación, se reproduce el texto íntegro de la carta de renuncia de Álvaro García Ortiz, fechada este lunes:

Carta de Álvaro García Ortiz al ministro de Justicia

"El pasado 20 de noviembre fui notificado anticipadamente del fallo condenatorio recaído tras el juicio oral celebrado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Causa Especial 20557/2024).

Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, implica que el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país ha acordado imponerme la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".

La renuncia de García Ortiz se produce en un contexto marcado por la repercusión política y judicial del caso. El fiscal general, que había sido nombrado en 2022, se despide del cargo subrayando su compromiso con la institución y con la ciudadanía, al considerar que su dimisión es necesaria para preservar la independencia y credibilidad del Ministerio Fiscal.