El Gobierno declara la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha declarado la contingencia migratoria extraordinaria en Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho tras la petición formal de estos territorios, una vez aprobado en el pasado Consejo de Ministros el Real Decreto de Capacidad Ordinaria de los sistemas de acogida. La declaración se produce tras comprobar que la comunidad y las dos ciudades autónomas multiplican al menos por tres su capacidad ordinaria de acogida.

"Después de meses de trabajo, hoy damos el paso definitivo para continuar garantizando los derechos de miles de niños y niñas migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en estos territorios", ha expresado la ministra Rego, que ha agradecido a la sociedad canaria, ceutí y melillense el trato ofrecido a la infancia migrante.

A partir de este momento, se pone en marcha el protocolo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que en su artículo 5 recoge el procedimiento para la reubicación y traslado de personas menores de edad en el marco de una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Asimismo, en el artículo a quedan recogidas las actuaciones a realizar para dar cumplimiento a las previsiones del Plan de respuesta solidaria.

Rego también ha recordado que "el boicot de determinados territorios no ha impedido que España se sitúa a la vanguardia en la garantía de derechos de la infancia migrante". "Frente a países que criminalizan a los más vulnerables, el Gobierno les protege y tiende la mano", ha apuntado la titular de Juventud e Infancia.

Baleares recurre ante el Supremo

Este viernes, el Govern balear ha anunciado "de manera inmediata" la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el decreto del Gobierno que regula la situación de contingencia migratoria para proteger a los menores no acompañados, que considera opaco y arbitrario, ha dicho la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas.

La intención de este segundo recurso de Baleares relativo a la crisis migratoria -tras el interpuesto ante el Constitucional contra la reforma de la ley de Extranjería-, es que el Gobierno "recapacite" y no remita más menores no acompañados de los que ya llegan a las costas de Baleares, ha explicado Estarellas en la rueda de prensa del Consell de Govern que ha autorizado a la Abogacía de la comunidad autónoma a presentar el recurso.

"No podemos seguir acogiendo más menores porque los consells insulars están colapsados", ha añadido el portavoz del Govern, Antoni Costa, que ha resumido que en Baleares hay 72 plazas de acogida de menores autorizadas, según el Gobierno la capacidad ordinaria por población debería ser de 406 plazas y "a día de hoy, los consells atienden a 682 menores".

"Al Gobierno de Sánchez esto le parece insuficiente y que hasta llegar a 1.218 menores no ha de hacer nada", ha remarcado Costa.

El Govern considera que la regulación establecida en el decreto que ahora recurre vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre las comunidades autónomas, porque algunas quedan excluidas del reparto, y se opone a la "arbitrariedad en el reparto de menores".

Alega que afecta gravemente a la autonomía financiera de Baleares, poniendo en peligro el sistema de protección de menores y dificultando la gestión de los recursos destinados a esta finalidad, ha detallado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Madrid dice que sus centros están al 140%

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha indicado que los sistemas y centros de protección para menores migrantes de la región están "tensionados y colapsados" y que "la sobreocupación gira en torno al 130%-150% durante estos meses".

En declaraciones a los medios tras un acto en Arganda del Rey, Dávila ha señalado que los sistemas de protección a la infancia "se encuentran en riesgo por esta política migratoria temeraria que está realizando el Gobierno central".

"Llevamos ya dos años, desde que vivimos esta crisis migratoria, hablando del tensionamiento de nuestros centros. No lo decimos nosotros, lo dice nuestra capacidad de atención, por eso tuvimos que poner en marcha un nuevo centro, el de La Cantueña en Fuenlabrada, porque nuestros centros ya estaban sobresaturados, pero también lo dicen los técnicos que están trabajando con nosotros", ha desgranado Dávila.

Preguntada por el cumplimiento del real decreto en el que se especifica el traslado de menores migrantes de unas comunidades autónomas a otras, la consejera de Asuntos Sociales ha expresado que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre cumple la ley", pero ha matizado que la normativa está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte de 11 comunidades autónomas y que se admitió a trámite, así que hay que "mantener prudencia".

Respecto a los recursos que dispone la región o que se podrían habilitar para la acogida de los 647 menores migrantes que, según el Gobierno central, tendrá que recibir la Comunidad de Madrid, Dávila ha subrayado que primero quieren conocer "cuál es el plan del Gobierno para los menores".

"Necesitamos saber, por ejemplo, qué es lo que pretende hacer porque con los autos en los que el Tribunal Supremo (TS) le ha ordenado al Gobierno que se haga cargo de los 1.000 menores que se encuentran en Canarias solicitantes de asilo y lleva casi 200 días sin atender a esta indicación", ha desgranado la consejera de Asuntos Sociales.