Los grupos parlamentarios podrán plantear, a partir de la constitución del Congreso y del Senado, el inicio del proceso para la reforma o derogación de algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la anterior legislatura como la laboral o la llamada ley mordaza, puesto que tienen capacidad de presentar proposiciones de ley aunque no esté elegido el presidente del Gobierno ni constituido el nuevo Ejecutivo. No obstante, su tramitación y aprobación plantea dudas entre los juristas.

Si ocurre, será la primera vez en la historia de la democracia española en que antes de investir al presidente en el Congreso, se presenten iniciativas legislativas y se puedan celebrar plenos e incluso comisiones en los que debatirlas. No hay precedentes y por tanto, las dudas jurídicas y políticas que suscita la situación son muchas, según fuentes consultadas por Europa Press.

PSOE e IU aseguran que si hay voluntad política, ya existe una mayoría suficiente para derogar en el Congreso gran parte de las reformas aprobadas por el PP durante la anterior legislatura que fueron duramente contestadas por la oposición.

En campaña, estas formaciones, así como Podemos y otros partidos han dejado claro que quieren derogar o cambiar a fondo la reforma laboral, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ley mordaza por sus detractores, o la de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). En el caso de ésta última, por ejemplo, la oposición selló el compromiso expreso de revertirla en cuanto hubiera mayoría para ello.

Las Cortes se constituirán el 13 de enero. En teoría, los grupos pueden presentar proposiciones de ley para plantear normas, reformar las que están en vigor o incluso derogarlas, bien para volver a una ley anterior, bien para aprobar un texto nuevo. Si esto ocurre, si alguien toma la iniciativa, se planteará una primera duda jurídica. El Gobierno tiene capacidad para impedir la tramitación de una proposición de ley en el Congreso y tiene 30 días para expresar su criterio en contra (aunque el único motivo es que se aumente el gasto o se disminuyan los ingresos públicos). Sin embargo, un Gobierno en funciones tiene esta capacidad limitada, no puede informar sobre una ley, y se duda por tanto de si la propuesta podría seguir adelante.