Inmigrantes regularizados en España: estos son sus derechos y obligaciones

La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno cuenta con 500.000 potenciales beneficiarios. Esta medida recoge el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más 700.000 firmas y el apoyo de todos los grupos del Congreso de los Diputados, salvo Vox, pero bloqueada desde 2024. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que desde principios de abril, una vez superada su tramitación por real decreto, los interesados podrán solicitar su regularización hasta el 30 de junio.

Este proceso estará dirigido principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de asilo internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos, pero ¿cuáles serán los derechos y obligaciones de estos inmigrantes regularizados?

Trabajar en todo el territorio nacional y acceso a sanidad o educación

El objetivo de la regularización extraordinaria es garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica a las personas extranjeras que se encuentran en España. Uno de los principales impactos se prevé en el ámbito laboral. En la actualidad, la mayoría de los inmigrantes trabaja en condiciones de informalidad o precariedad administrativa. La autorización de residencia habilitará a las personas extranjeras para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector, con derechos, cotización y seguridad jurídica. Se reducirán asimismo las trabas burocráticas para los empresarios, de forma que el Gobierno prevé poner coto a la economía sumergida y la explotación laboral.

Los inmigrantes regularizados obtendrán su Número de Identidad de Extranjero (NIE), que brinda los permisos necesarios para residir y trabajar legalmente. Asimismo, aquellas personas que se empadronen en un municipio español y justifiquen cuál es su domicilio habitual, pueden acceder a los siguientes servicios básicos:

• Asistencia sanitaria: permite el acceso al sistema público universal de salud y la asingación de un médico de cabecera en el centro de atención primaria de referencia, según la zona
• Escolarización: ofrece la posibilidad de matricular a los hijos en los centros educativos públicos y concertados cercanos al domicilio
• Subsidios y servicios sociales: acceso a programas de ayudas y prestaciones sociales gestionadas por el ayuntamiento, así como bonificaciones en determinados servicios municipales
• Derecho a voto en las elecciones municipales, también para los extranjeros comunitarios o con acuerdos de reciprocidad con España

El Gobierno aclara que la autorización de residencia tendrá una vigencia inicial de un año. En el caso de las familias, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de las personas solicitantes, cuyo permiso será de 5 años. Transcurrido ese plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería (RLOEX).

En este sentido, la regularización de migrantes pretende facilitar los procedimientos de arraigo, lo que abre la puerta a solicitar la nacionalidad española.

Obligación de cotizar, pagar impuestos y carecer de antecedentes penales

Los inmigrantes regularizados pasarán a vivir con igualdad de derechos y deberes. Entre ellos, tendrán que asumir las cotizaciones, el pago de impuestos y las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía.

Esta regularización extraordinaria cuenta con unos requisitos definidos. Las personas extranjeras deberán acreditar su residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, con una permanencia en nuestro país de al menos cinco meses de forma continuada en el momento de la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. En el caso de los solicitantes de protección internacional, basta con haber presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre de 2025.

El otro requisito será carecer de antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.