El plan de retorno voluntario para extracomunitarios será "permanente"

Los inmigrantes que estén interesados podrán acogerse al plan de retorno voluntario aprobado por el Gobierno y que tendrá que recibir el visto bueno del Consejo de Estado, por lo que entrará en vigor en torno al mes de noviembre, según informó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

El Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto Ley en el que se reconoce la posibilidad de que los trabajadores extranjeros no comunitarios que hayan perdido su empleo y deseen regresar a su país, puedan capitalizar el paro de forma adelantada y acumulada. El proyecto del Real Decreto que desarrolla esta norma se tramitará por la vía de urgencia.

El plan, de carácter voluntario, permitirá a los inmigrantes cobrar el paro en dos plazos, el 40 por ciento en España, una vez reconocido el derecho, y el 60 por ciento en el país de origen, transcurridos treinta días naturales desde el primer pago. El Gobierno calcula que unas 100.000 personas -fundamentalmente de Ecuador, Marruecos y Colombia- podrían estar interesadas en el retorno voluntario.

Ciudadanos de 19 países extracomunitarios con los que España tiene suscritos convenios bilaterales en materia de Seguridad Social podrán acogerse a este plan. Paradójicamente, los rumanos, la comunidad extranjera más numerosa en España con 728.967 ciudadanos, no podrán acogerse a esta medida.

La iniciativa tiene carácter "permanente y voluntario", según explicó el ministro de Trabajo en rueda de prensa. No obstante, a cambio de recibir la prestación por desempleo, los trabajadores deberán renunciar a regresar a España en un plazo máximo de tres años, por lo que perderán su permiso de residencia y trabajo, aunque en cuanto vuelvan lo harán acumulando los que ya tenían. Por ejemplo, según explicó Corbacho, si el ciudadano que se marche llevara cuatro años en España y sólo le faltara uno para la residencia permanente, si volviera con un año sería suficiente para obtener ese derecho, sin necesidad de comenzar de nuevo.

"Se trata de que con ese retorno nadie pierda ningún derecho que hubiese acumulado", insistió Corbacho, quien destacó que el plan "no nace con voluntad de coyuntura, sino de permanencia".

Esta medida supone "una oportunidad o posibilidad para que la persona en cuestión emprenda una actividad en su país de origen", según Corbacho. Aunque el Gobierno estima que unas 100.000 personas podrían optar al plan de retorno voluntario, las ONG y asociaciones de inmigrantes difieren de esta cifra.

Así, ATIME (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España) explicó que las personas que han acumulado prestación suficiente para iniciar un proyecto en su país de origen ya están arraigadas en España, tienen aquí sus familias y preferirán esperar a encontrar otro empleo antes que marcharse.

El plan pretende ayudar a los trabajadores extranjeros que han contribuido al crecimiento económico de nuestro país, y que han decidido volver al suyo, para que su retorno se realice en las mejores condiciones posibles, proporcionándoles un capital que favorecerá "su proceso de integración" laboral con la llegada de "profesionales cualificados", según explicó el ministro.

Los sindicatos y ONG consideran insuficiente el proyecto de retorno que va a poner en marcha el Gobierno, si éste no va acompañado de un programa asistido para que los inmigrantes puedan invertir ese dinero en pequeños negocios en sus países. Además, consideran excesivo que se les exija no poder regresar en tres años, cuando simplemente se les está permitiendo acumular el dinero que les corresponde.

Estas organizaciones consideran que la medida tendrá muy poca eficacia, ya que los inmigrantes, debido a sus altas tasas de temporalidad, no lograrán acumular grandes sumas de dinero.