España

El juez imputa al ex presidente del BBVA Francisco González por el caso Villarejo

  • La decisión llega después de que Anticorrupción solicitara investigarlo por cohecho y revelación de secretos 

  • El banquero abandonó la entidad a finales de 2018, al destaparse la relación de la entidad con el ex comisario

El ex presidente del BBVA, Francisco González, durante una Junta General de Accionistas de la entidad bancaria en marzo de 2016. El ex presidente del BBVA, Francisco González, durante una Junta General de Accionistas de la entidad bancaria en marzo de 2016.

El ex presidente del BBVA, Francisco González, durante una Junta General de Accionistas de la entidad bancaria en marzo de 2016. / Miguel Toña (EFE)

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado este jueves citar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al ex presidente del BBVA Francisco González, que ha sido convocado para el próximo 18 de noviembre, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

La decisión se produce un día después de que Anticorrupción pidiera la imputación del ex presidente del BBVA en el marco de la causa que investiga los presuntos pagos de la entidad financiera al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien supuestamente espió por, odem del banco a líderes políticos y empresariales a partir de 2004.

El presunto espionaje comezó cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

González dejó de ser presidente del BBVA a finales del año pasado, poco después de que se conociese la relación del banco con el ex policía, y abandonó temporalmente su presidencia de honor en marzo, tras confirmarse que la entidad había sido imputada en la causa.

En un comunicado, el ex banquero manifestó el miércoles "su plena disposición a colaborar con la Justicia" y se remitió a otra nota que emitió en marzo, en la que defendió que la entidad actuó bajo su mandato "dentro de la más estricta legalidad", algo que habría que "deslindar (de) posibles actuaciones individuales de carácter irregular, si las hubiera".

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